Gobierno admite que pagó la difusión de encuesta pro Evo

Se ampara en el artículo 130 sobre el periodo de difusión de encuestas; opositores alegan que la publicación viola los arts. 135 y 136.

Ministra de Comunicación, Gisela López. Foto:ABI


La ministra de Comunicación, Gisela López, admitió que el Gobierno pagó una encuesta cuyos resultados favorecen al candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.

La autoridad negó que esté violando la Ley de Régimen Electoral como se denunció.

“Encuesta publicada por nuestro Gobierno en diferentes medios no viola norma electoral. Quienes afirman lo contrario no están bien informados. Buscan únicamente protagonismo para justificar su inasistencia a las primarias donde quedará demostrado que no tienen militancia”, escribió la Ministra en su cuenta de Twitter.

Según una nota de la agencia de noticias del Gobierno, ABI, la encuesta se publicó a base del artículo 130 de dicha norma que detalla el periodo de difusión de encuestas “durante un periodo electoral, referendo o revocatoria de mandato está permitida en los siguientes plazos”.

“a) Encuestas preelectorales y otros estudios de opinión en materia electoral, a partir del día del vencimiento del plazo de inscripción de candidaturas en procesos electorales; y a partir del día siguiente a la publicación del calendario electoral en referendos o revocatorias de mandato. En ambos casos se podrían difundir hasta el domingo anterior al día de la votación”.

Sin embargo, el diputado José Carlos Gutiérrez (de los Demócratas) pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inhabilite al binomio oficialista porque vulnera la Ley del Régimen Electoral en el artículo 135 que detalla: “Se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas (…) d) Hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiados con fondos públicos, salvo el Órgano Electoral (…)”.

Para el diputado, “obviamente corresponde la cancelación de la personalidad jurídica” del MAS y pidió que se identifique a los funcionarios públicos que con dinero público pagaron la encuesta. El pasado 27 de diciembre el legislador presentó una solicitud y una demanda para la inhabilitación y la cancelación inmediata de la personería jurídica del MAS. Pero hasta la fecha la entidad no se pronunció.

Por similar motivo, en 2015 el TSE canceló la personalidad jurídica de los Demócratas al inhabilitar la postulación de Ernesto Suárez y de 228 candidatos en las elecciones subnacionales. Por este nuevo caso, el Órgano Electoral no se pronunció.
Fuente: Pagina Siete.