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Trabajadores mineros en 1985 que fueron relocalizados se movilizaron en defensa de sus fuentes de trabajo. | Los Tiempos
Trabajadores mineros en 1985 que fueron relocalizados se movilizaron en defensa de sus fuentes de trabajo. | Los Tiempos

El MAS favorece a cooperativistas con concesiones y otros regalos

Con el objetivo de lograr apoyo de diferentes sectores y demandas de reivindicación, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ha optado por cooptar con una serie de prebendas, que van desde la suscripción de contratos mineros, la oferta de tierras, además de otros recursos. Analistas y exdirigentes sindicales señalan que estas acciones se constituyen en elementos para debilitar el movimiento obrero sindical y tener operadores políticos. Tiene además a su servicio una Central Obrera Boliviana (COB) sumisa.

“El MAS ha cooptado al sector minero, hoy mayoría cooperativas, con prebendas y con concesiones poco transparentes. (Cabe) señalar que actualmente los mineros asalariados son pocos, una minoría”, señala el exdirigente de la Central Obrera Regional de El Alto Roberto de la Cruz.

Muestra de ello es que, de acuerdo con documentos oficiales, el expresidente Evo Morales, con el objetivo de congraciarse con el cooperativismo minero del país —que presumiblemente superan las 1.700 y aglutinan a 120 mil trabajadores del subsuelo—, aprobó más de 400 contratos entre 2017-2020. Éstos también van en beneficio de empresas unipersonales, sociedades y otros.

Cooptación y prebendas

Desde que Morales asumió el poder en enero de 2006, los sindicatos cocaleros fueron su principal sostén, pero también los cooperativistas mineros cooptados por una serie de prebendas.

En 2008, Evo compró dos ingenios y los regaló a los cooperativistas en ocasión del aniversario de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) bajo el argumento de que se constituiría en una solución a la crisis minera.

Uno de los ingenios fue destinado a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) y otro a la Cooperativa Unificada. Ambas factorías tuvieron un costo de 3 millones de dólares.

Ese mismo año, los cooperativistas pasaron de tener el 3 por ciento de las hectáreas concedidas, para la explotación minera, al 11 por ciento.

En agosto de 2019, Morales entregó volquetas y repuestos, de donación de la República Popular de China, a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia.

Morales, en la oportunidad, destacó que Bolivia es un país minero, porque después de tantos años de saqueo siguen apareciendo minerales; sin embargo, señaló que los candidatos presidenciales de la derecha plantean, en sus programas de gobierno, hasta 2030 acabar con el extractivismo lo que significa que “ya no habrá más minería”.

En total, la donación China a favor del Estado Plurinacional de Bolivia llegó a más de 14 millones de dólares, transformadas en 200 volquetas, de las cuales 140 fueron entregadas a cooperativas mineras.

Permisividad

Para el analista e indianista Pedro Portugal, esta relación es por conveniencia, por interés, toda vez que, a cambio de los favores entregados, el gobernante reclama la contraprestación: votos y constante apoyo a su estabilidad e incluso como fuerza de choque contra sectores que no comulgan con el masismo.

“Al pasar la fuerza productiva al sector informal, en todas sus facetas la relación con el poder se modifica, ya no hay un intento de poder tener influencia en el Estado, lo que se busca es que el Estado sea más permisivo, que pueda tolerar y si es posible fortificar estas actividades económicas, entonces, la relación con el Estado se basa en estos términos”, sostiene Portugal.

Movimientos débiles

El exminero y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Lucio Gonzáles señala que al Gobierno, desde Morales hasta Arce, no le interesa la minería estatal, que apenas representa el 8 por ciento, la empresa privada con el 50 por ciento y el resto con minería cooperativizada.

“No ha reactivado la minería estatal. La Comibol (Corporación Minera de Bolivia) no pasa de seis centros productivos, no ha habido nuevas inversiones y exploraciones en el sector minero para que recupere su carácter de vanguardia y se contrate trabajadores”, sostiene.

Agrega que el Gobierno prefiere fomentar a los cooperativistas que tienen una serie de privilegios, con concesiones mineras al por mayor, porque no quiere complicaciones con los derechos laborales de los obreros.

“El Gobierno siempre le ha tenido miedo al movimiento obrero organizado y, sobre todo, a los mineros. Por eso los tienen sometidos, porque son pocos y más aún cuando no tienen un ente que defienda sus intereses”, asegura.

COB servil

Para Portugal y Gonzales, la COB no tiene razón de ser actualmente, toda vez que se ha constituido en el brazo operativo del Gobierno para tener sometida a la clase obrera, ya que no reclama por las necesidades de los trabajadores, la reactivación de la minería y dejar en mano de los cooperativistas la explotación de los recursos naturales.

“Los dirigentes de la COB tienen una función servil, se han convertido en vasallos del gobierno del MAS porque les han hecho creer que este es el gobierno de los trabajadores, cuando el gobernante ni siquiera crea fuentes de empleo, proyectos productivos”, refiere Gonzáles.

En tanto, Portugal señala que al Gobierno le tranquiliza que la actividad productiva minera y otros rubros estén en otra manos, porque le libera de responsabilidades.

“Hasta cierto sentido le complace, le tranquiliza al Estado y éste sólo se ocupe de los sectores que dependen de los niveles salariales, es decir, la parte burocrática, y deja la parte productiva a sectores que comprometen una especie de tregua, no agresión mientras el Gobierno no trate de controlar o regular este trabajo”.

Distribución de tierras

En junio de 2006, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, proclamó el arranque de la “revolución agraria” con la distribución de 2,5 millones de hectáreas de tierras estatales entre campesinos indígenas. Morales dispuso la inmediata distribución de más de 2 millones de hectáreas de tierras del Estado entre los que no poseen tierras o las tienen en cantidad insuficiente, y entregó además títulos de propiedad a comunidades indígenas para 3,1 millones de hectáreas.

Fuente: Los Tiempos

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