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El presidente Luis Arce y Evo Morales. FOTO archivo | EFE
El presidente Luis Arce y Evo Morales. FOTO archivo | EFE

HRW denuncia la interferencia política en la Justicia boliviana

La falta de independencia de la Justicia boliviana, el hacinamiento que persiste en el sistema carcelario del país, la prisión preventiva excesiva y la violencia machista son algunos aspectos en la mira del informe anual de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW)l, publicado este jueves.

El capítulo sobre Bolivia del reporte de HRW sobre eventos de 2021 comienza cuestionando que “la interferencia política ha plagado el sistema de justicia” del país “durante años”.

El informe señala que el expresidente Evo Morales “debilitó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder” y recuerda que la Constitución de 2009 introdujo la figura de las elecciones judiciales, pero con listas de candidatos salidas del Legislativo, donde el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene la mayoría.

“Durante el Gobierno de Morales, los fiscales presentaron lo que parecía ser cargos motivados políticamente contra varios de sus rivales políticos”, algo que también ocurrió durante la administración transitoria de Jeanine Áñez y continúa en la gestión de Luis Arce, indica el reporte.

Áñez presentó “acusaciones infundadas contra opositores políticos” y la administración de Arce “apoya cargos infundados y excesivos de terrorismo y genocidio” contra la exmandataria interina, señala.

HRW recordó que Arce decretó en febrero de 2021 una amnistía para personas investigadas por delitos relacionados con la crisis política de 2019, “que parecía diseñada para favorecer a sus seguidores”.

Esta amnistía fue revocada en octubre atendiendo a una recomendación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis de 2019 en este país, agregó la entidad.

El organismo también mencionó que el informe del GIEI documentó las “graves violaciones de derechos humanos” ocurridas durante el Gobierno transitorio de Áñez y actos de violencia “instigados” durante el de Morales, y expuso “fallas” del Ministerio Público para que haya “investigaciones adecuadas” sobre estos sucesos.

Además, recordó que la exmandataria y dos de sus exministros están detenidos desde marzo de 2021 por “terrorismo y otros cargos por su presunta participación en un golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019”.

El oficialismo boliviano considera que la crisis de 2019 fue un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que sus detractores aseguran que su salida del poder fue consecuencia de las denuncias de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.

HRW indicó que la Fiscalía también acusa a Áñez de genocidio por las represiones durante su Gobierno que han sido calificadas como “masacres” por el GIEI y otros organismos defensores de los derechos humanos.

“Human Rights Watch examinó los documentos de acusación y no encontró pruebas de que ella hubiera cometido actos de terrorismo o genocidio”, indica el informe.

OTROS ASPECTOS

La organización lamentó que el impacto de las amnistías dispuestas en los dos últimos años para reducir el “severo” hacinamiento carcelario en Bolivia ha sido “muy pequeño”, pues en enero de 2020 las prisiones albergaban a 18.126 personas y a 17.908 en agosto de 2021.

Los centros de detención tienen más de 2,5 veces la cantidad de detenidos que podrían albergar originalmente, lo que hace que mantener la distancia física de seguridad “sea prácticamente imposible”, indica el informe.

También lamenta que el sistema de justicia boliviano continúe utilizando la prisión preventiva “de manera excesiva” y que el 75% de los detenidos están a la espera de juicio, según información de la Defensoría del Pueblo.

Por otra parte, HRW observó que las niñas y mujeres bolivianas siguen “expuestas a un alto riesgo de violencia”, pese a la ley vigente desde 2013 contra la violencia machista y denunció las trabas existentes para la interrupción legal de embarazos producto de violaciones sexuales.

Además, cuestionó que los pueblos indígenas “continúan enfrentando barreras para ejercer su derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre las medidas que puedan afectarles” y se ven “gravemente afectados” por los incendios provocados por agricultores que llegan hasta sus territorios. 

Fuente: Los Tiempos

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