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Fiscalía imputó a Añez sin investigar acusaciones de testigo cuestionado.

El abogado Jorge Santistevan afirma que la declaración de Antonio de la Fuente carece de toda credibilidad y tendría el mismo esquema que el de Ignacio Villa Vargas, alias el Viejo, en el caso Terrorismo.

Según una revisión hecha a la imputación presentada contra dos exjefes militares, dos exministros y la expresidenta Jeanine Añez, en el caso de supuesto “golpe de Estado”, los hechos relatados por Óscar Antonio De la Fuente Amelunge en su declaración no fueron investigados por la Fiscalía antes de pedir el encarcelamiento de los procesados. 

El exasesor ofrecido como “testigo” por  la exdiputada Lidia Patty (MAS)  tiene un historial de nueve denuncias penales, entre ellas por extorsión y estafa, todas  cerradas por diferentes motivos.

Añez, los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Gustavo Arce y el excomandante del Ejército Pastor Mendieta fueron sindicados y encarcelados por presunto terrorismo, conspiración y sedición. En las diferentes imputaciones presentadas por los fiscales  Lupe Zabala, Omar Mejillones, Rudy Terrazas y Harold Jarandilla, figura como “elemento de convicción”  la declaración de De la Fuente.

El abogado de la exmandataria, Luis Guillén, afirmó que en la declaración del “testigo” -que es la única que tomaron los fiscales hasta antes de la aprehensión de Añez y los exministros, el 12 de marzo, no existen elementos que puedan ser tomados como indicios de que los procesados hayan incurrido en esos tres tipos de  delitos.

“(En la imputación) no hay ningún elemento que indique que se haya investigado algo de la declaración de ese testigo, incluso no hay elementos que señalen que se investigó si evidentemente se dieron hechos de sedición, terrorismo y conspiración”, sostuvo . El jurista considera que De la Fuente sólo dio a los fiscales una serie de apreciaciones personales e hipótesis no confirmadas.

Por su parte, el abogado del vicealmirante Arce, Róger Valverde, manifestó que  además de los antecedentes de extorsión que tiene De la Fuente, él “no es idóneo para hablar sobre el caso” porque “opina como un político”.  En consecuencia, concluyó que el Ministerio Público “no debió haberlo tomado en cuenta”.

En una anterior entrevista con Página Siete, De la Fuente dijo que tiene la profesión de contador y que estaba desempleado. Sostuvo que declaró por más de ochos horas ante los fiscales, a los que entregó pruebas; sin embargo, su declaración sólo tiene siete páginas.

Valverde observó el hecho de que el “testigo” -que afirmó ser exasesor de la COB en el caso de Octubre Negro- emitió criterios cual si fuera un especialista en procedimientos constitucionales, legislativos, militares y electorales a nivel internacional, pues   cuestionó el trabajo que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones de 2019, cuyos informes confirmaron el fraude electoral a favor del MAS. 

“Él (De la Fuente) no tiene ninguna formación académica para referirse a esos temas. Su declaración puede ser refutada por muchas otras personas que opinen lo contrario, incluso hay declaraciones y acciones de la misma denunciante (Patty, que aprobó la ampliación de mandato de Añez), la expresidenta del Senado (Eva Copa) y el propio presidente (Luis Arce) que aseguraron que hubo una transición democrática. ¿Cómo es posible que ahora señalen que hubo golpe de Estado?”, cuestionó Valverde.

Por otro lado, el constitucionalista y militar del servicio pasivo, Jorge Santistevan, afirmó que la versión del “testigo”  de la Fiscalía carece de toda credibilidad y dijo que  tendría un esquema similar al testimonio que dio Ignacio Villa Vargas, alias el Viejo, en el caso Terrorismo.

Ese proceso fue abierto en Santa Cruz por un supuesto levantamiento armado encabezado Eduardo Rózsa Flores, en 2009. En el mismo se involucró a más 39 personas, entre ellas opositores políticos del MAS, a los que se encarceló sin pruebas.
 

 “Proceso  forzado”

  •  Persecución  La jefa de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado, Andrea Barrientos, calificó el caso de supuesto “golpe de Estado” como un “proceso forzado e ilegal  y que encuadra perfectamente en lo que es una persecución política. La imputación que hay contra la expresidenta Jeanine Añez no tiene ningún asidero jurídico y se cae el discurso del MAS de que buscan justicia”.
  • Ministro  El ministro de Justicia, Iván Lima, fue la primera autoridad del Gobierno en  asegurar que las aprehensiones de Añez y de los exministros se dieron en el marco del debido proceso, sin embargo, al ser consultado ayer sobre la credibilidad del “testigo”, Óscar Antonio de la Fuente, se limitó a decir  que esa es  una valoración que debe hacer la Fiscalía.

Fuente: Página Siete

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