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Denuncian que Gobierno de Arce despidió a más del 90% de los funcionarios de la Cancillería.

Entre noviembre de 2020 y febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores despidió a unos 100 funcionarios diplomáticos de carrera.

Más del 90% de los profesionales de carrera de la Cancillería fueron despedidos por el Gobierno del presidente Luis Arce, denunciaron los afectados mediante una nota leída ante los medios de comunicación.

Los despedidos son más de 100, dijo el representante de un comité ad-hoc creado para defender los derechos de los despedidos, Javier Vizcarra.

“Esto no ha ocurrido ni en las peores dictaduras que ha vivido Bolivia”, agregó. Muchos de los despedidos tienen años de experiencia en la Cancillería, en algunas casos de décadas. Varios, además, pertenecen a la gestión del excanciller David Choquehuanca.

La nota expresa que luego del inicio de esta “masacre blanca”, los diplomáticos afectados buscaron dialogar con el canciller Rogelio Mayta, pero sin éxito.

“A fines de diciembre se nos derivó a uno de sus asistentes, quien transmitió la negativa del canciller a recibirnos”, informando que esa autoridad respondería “cuando corresponda”.

El documento agrega que “entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha ejecutado un masivo despido de funcionarios diplomáticos de carrera, en un hecho sin precedentes en toda la historia diplomática de Bolivia”, detalla el comunicado leído por Vizcarra en la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.

Vizcarra añadió que se “descabezaron” todas las unidades de la Cancillería y retirado a los diplomáticos que estaban en puestos en el exterior. Esas personas no fueron reemplazadas, dijo, y el nuevo canciller Mayta, mantiene acéfalos puestos tan importantes como la legación boliviana ante la Unión Europea, entre muchas otras.

El documento establece que este despido “constituye una flagrante vulneración a la Ley 465 (de relaciones exteriores) que en su artículo 64 prohíbe el retiro de funcionarios de carrera que no se funde en causales justificadas y un debido proceso”.

Los afectados señalan que el despido infringe además el artículo 49, inciso III de la Constitución Política del Estado, así como los derechos fundamentales de las personas establecidos en convenios y tratados internacionales que Bolivia ha suscrito en materia de Derechos Humanos”.

Al comenzar su gestión, dice el documento, el canciller Rogelio Mayta llenó de elogios a los funcionarios una vez que fue posesionado y dijo que eran “funcionarios técnicos”. 

“Empero, pocos días después, ejecutó una masacre blanca sin precedentes; una medida que no tiene parangón en la historia diplomática del país”.

El texto leído por Vizcarra agrega que el Estado boliviano ha invertido “varios millones de dólares” en la formación de los cuadros diplomáticos que han egresado de las 17 promociones de la Academia Diplomática Boliviana, así como los profesionales que fueron becados para cursar estudios en diferentes academias diplomáticas con las que Bolivia tiene suscrito acuerdos, 

También Naciones Unidas y otros organismos internacionales han invertido en mejorar la formación de los diplomáticos bolivianos, agrega el documento. “Sin embargo, en menos de tres meses la actual administración ha echado a la calle a estos profesionales, provocando un grave daño al Estado”, dice.

Agrega que el perjuicio es aún más fuerte porque con este despido ilegal se está desechando años de experiencia profesional que estos funcionarios cargan en su bagaje de conocimientos, dominio de los temas sustantivos que son de interés del Estado defender o promover. “El daño que se provoca al Estado deja a Bolivia peligrosamente indefensa frente a los sólidos cuerpos diplomáticos de otros países”.

Normas vigentes

Con la Ley 1444 de 1993 se inició un proceso de institucionalización del Servicio de Relaciones Exteriores. En 1997 se publica un primer escalafón diplomático, ordenando los rangos de los diplomáticos bolivianos

El documento recuerda que en 2004, con la cooperación técnica y económica de Naciones Unidas (PNUD) y otros organismos internacionales, la Cancillería logra consolidar un nuevo escalafón, cumpliendo todos los estándares de calificación internacional.

En 2013 se aprobó una nueva Ley (465) del Servicio de Relaciones Exteriores, y en 2020, en cumplimiento a lo establecido en el reglamento se actualiza el escalafón del año 2004.

“Empero, todo este esfuerzo de años de construir una institucionalidad diplomática se ha destruido casi por completo, dejando abiertas las puertas a la improvisación”, señala.

Fuente: Página Siete

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