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El motín policial contra el gobierno de Evo Morales en Santa Cruz en noviembre de 2019.

Cívicos y CC ven «cacería de brujas»; policías «en alerta».

El viceministro de Descolonización dijo que no se trata de una venganza ni de una persecución, sino “simplemente de que se cumpla Ley 101 de Régimen Policial”.

Fuente: Jorge Quispe  / Página Siete

El Comité  Pro Santa Cruz, Comunidad Ciudadana (CC) y un exalto representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ven una “cacería de brujas” que ha iniciado el Gobierno contra 26 policías por el motín de 2019. Y después del anuncio de los juicios, en filas policiales se declararon en estado de “alerta y emergencia de magnitud”.

“Esta es una ‘cacería de brujas’ y van a querer amedrentar a todo el pueblo. Esa persecución ha comenzado con los policías, pero deben saber que el pueblo lo hizo una vez (se reveló contra el gobierno de Evo Morales) y lo puede hacer dos veces”, dijo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. 

El lunes, el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, denunció ante la Fiscalía Policial a 26 uniformados por seis delitos, entre ellos haber arrancado la wiphala de sus uniformes y amotinarse durante la revuelta de hace dos años.

La senadora Cecilia Requena, de CC, alertó que no hay ninguna garantía de un proceso independiente “bajo el actual sistema judicial” controlado por el MAS, “peor si se trata de  la crisis política que siguió al fraude”.

La senadora cree que “esta acción corre el riesgo de convertirse en una ‘cacería de brujas’ y una nueva acción de sometimiento al gobierno del MAS de una institución del Estado que debería ser independiente”.

Waldo Albarracín, representante del Conade en 2019, dijo que el viceministro Condori se ha convertido en un “represor político”. “No hay garantía, ni en la Fiscalía Policial ni en la Fiscalía estatal, porque en ambos casos el nivel de subordinación es contundente. Los demandados se van a desenvolver en un escenario de absoluta indefensión”.

Condori ratificó  a Página Siete que los procesos a los 26 policías “no es venganza… más bien estamos denunciando a estos  policías que han atentado la Ley 101 (de Régimen Policial) y  simplemente pedimos que se cumpla la ley”. Las sanciones van desde el retiro temporal de tres meses  hasta la baja definitiva. 

Policías en “estado de alerta”

Algunos uniformados de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí se declararon en las últimas horas en “alerta y emergencia de magnitud”. “Somos varios los que estamos ahí siendo afectados por un motín que fue a nivel nacional. Hay malestar, por eso la Policía está en estado de emergencia y estado de alerta”, dijo un uniformado, cuyo nombre se mantiene en reserva. 

Este martes circuló en  grupos policiales de WhatsApp un comunicado que califica de “inaceptable”, el proceso. “Camaradas, ya no podemos seguir así, nos tienen atemorizados a todos, lo de hoy (el lunes) fue la gota que derramó el vaso. La persecución llegó a su límite no podemos dejar sin apoyo a nuestros camaradas de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí”.

Antes del motín, los policías fueron obligados a repartir pollo a los manifestantes que apoyaban a Morales y a no hacer nada cuando los grupos afines al MAS protagonizaban actos de violencia. Estos hechos causaron malestar entre los policías y fue en ese momento que el gobierno distribuyó  a  los uniformados un “bono” de  3.000 bolivianos.
 

Comunicado por WhatsApp

A través de un comunicado que circula por los grupos policiales de WhatsApp,  policías denunciaron ante sus camaradas que algunos comandantes “vendieron” a los uniformados que participaron del motín de noviembre de 2019.

“No vamos a dejar solos a esos 26 camaradas (los procesados). Se sabe también que de Cochabamba se mandó una lista de más de 300 policías. Los comandantes se encargaron de vender uno a uno  a todos los camaradas”, indica textualmente el comunicado por el que rechazan los juicios a los uniformados.

Más adelante añade: “Ya basta de oficiales vendidos al MAS, basta de coroneles corruptos vendidos a Evo Morales”.

En el documento apuntan también al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que según ellos  sería quien “impulsó todo” este proceso.

“Somos 4.000 hombres de esta digna institución, otra vez manoseada por el MAS. Los coroneles son la milésima parte”, agregan.

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