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“Carlos Romero ofrecía dinero a cambio de declararse culpables en caso terrorismo”

Jurista manifiesta que la exjueza Betty Yañíquez llegó a la Asamblea Legislativa como retribución de sus actuados en el caso del asalto al hotel Las Américas, en 2009.

Abogado Gary Prado.

El abogado Gary Prado manifestó a EL DIARIO que el exministro de Gobierno Carlos Romero, a través del exdirector jurídico de esa cartera de Estado, ofreció casas y dinero para que los acusados se declaren culpables y retiren la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las violaciones que se habían cometido contra ellos.

“Carlos Romero le mandaba a Filemón Sandoval, que era su director jurídico a ofrecerles casas, dinero a cambio de que se declaren culpables y retiren su denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por las violaciones que se habían cometido contra ellos. Es ahora totalmente absurdo la alaraca de Romero por los cinco meses de detención preventiva, cuando él era el que ordenaba que los acusados del caso no salgan de la cárcel y se quedaron hasta diez años con detención preventiva”, cuestionó.

El jurista explicó que en la CIDH cursan entre 15 a 17 peticiones de personas que han estado procesadas, y de quienes se vulneró sus derechos.

“Este es un proceso lento que está siguiendo su curso, a la larga el Estado tendrá que resarcir las violaciones a Derechos Humanos porque con esto no se trata de mandar a la cárcel a nadie, sino que el Estado boliviano va a tener que resarcir por los diez años de privación de libertad por el asesinato de los tres hombres del hotel Las Américas, por las torturas en caso de algunos, por la violación del principio de juez natural, porque debieron ser juzgados por jueces de Santa Cruz y no por jueces de La Paz”, aseveró.

PREMIO

Una de las primeras juezas que vio el caso terrorismo fue Betty Yañíquez, quien ordenó, sin indicios en su contra, la detención preventiva de Mario Tadic Astorga, Elod Toaso, Zoilo Salces, Gary Prado Salmón, Juan Carlos Santiesteban y otros, actuados que la llevaron al cargo de Fiscal Departamental de La Paz y posteriormente a la Asamblea Legislativa, siendo ahora diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), manifestó el abogado Gary Prado.

“Betty Yañíquez cautelaba a todos los cruceños que iban a La Paz, y como premio fue designada Fiscal Departamental y después diputada por el MAS”, dijo.

En una de sus declaraciones, como testigo en el proceso, el exdirector jurídico del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, manifestó que Yañíquez recibía órdenes del “gabinete jurídico”.

“Dependiendo de la situación llamaban a jueces y fiscales para coordinar. Una vez lo coordinaban me transmitían las órdenes para llevarlo a cabo. Cabe hacer notar que la primera que vio esto fue Betty Yañíquez, ahora candidata del MAS, quien recibía órdenes del gabinete jurídico”, afirmó Villegas en agosto de 2014.

La senadora Carmen Eva Gonzales anunció también un proceso contra Yañíquez, por haber validado las actuaciones del exfiscal Marcelo Soza en la fase de instrucción.

Este medio de comunicación trató de comunicarse con la legisladora del MAS, para conocer su versión, empero vanos fueron los intentos, ya que a pesar de haber atendido una de nuestras llamadas vía WhatsApp, solo dijo que la comunicación era pésima y que no escuchaba nada. Insistimos con la llamada por línea baja pero no obtuvimos respuesta.

MONTAJE

Gary Prado apuntó que desde el inicio, el caso terrorismo fue montado ya que nunca pudieron demostrar la culpabilidad de los 39 acusados.

Manifestó que uno de las primeras pruebas donde se demostró el montaje fue por un video que circuló, donde se muestra que un efectivo de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) mete a una habitación del hotel Las Américas una mochila con evidencias, la misma que días antes cargaba el policía Walter Andrade. “Luego hacían aparecer dinamita en uno de los roperos del cuarto de hotel”, dijo.

Aseguró que el hotel Las Américas nunca hubo un enfrentamiento, sino un asesinato alevoso.

Posteriormente, aparece el “testigo clave”, Ignacio Villa Vargas, a quien agentes de Inteligencia le habrían pagado para que escape del país, luego de delatar al grupo de Eduardo Rosza.

“Luego aparecen los audios del fiscal Marcelo Soza que daba cuenta que todo era manejado por el Ministerio de Gobierno”, dijo Prado.

Otra irregularidad fue la aprehensión de los abogados del Ministerio de Gobierno, quienes fueron llevados como testigos dentro del proceso. “Declaran y confirman que todo fue un montaje del Ministerio de Gobierno, siempre se supo que era un montaje. Los ministros de Gobierno de Evo Morales, controlaban al tribunal del juicio, les pagaban pasaje y viáticos ilegalmente a las jueces ciudadanas y llevaban adelantes el proceso aunque no podían probar la acusación, porque era una fábula”, refirió.

El jurista calificó de absurda, la acusación que Soza hizo, ya que acusó a las barras bravas de los equipos de Oriente Petrolero, Blooming, y la Guardia Municipal de Santa Cruz, como semilleros del ejército separatista del país. “Una tropa de jóvenes que van a hacer barra para sus equipos y unos muchachitos que trabajan en la Guardia Municipal, a quienes los vendedores de chicha los golpean cada vez, serían parte del ejército. La acusación no tenía pies ni cabeza, era una fábula que no se podía probar”, refirió.

Destacó que los encausados del proceso ni siquiera se conocían entre ellos, empero estaban acusados de alzamiento armado, pese a que ninguno contaba con un arma el momento de su aprehensión y tampoco encontraron nada en los allanamientos que realizaron a sus domicilios.

ATENTADO

Prado manifestó que en lo que respecta al atentado con dinamita, perpetrado la madrugada del 15 de abril de 2009, a la casa del presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), cardenal Julio Terrazas, no había elemento alguno que vincule a los encausados con el ilícito.

“De los 39 acusados solo uno reconoció que fue el chofer del vehículo que llevó a tres personas para colocar la bomba, y ese era Ignacio Villa Vargas.

En su primera declaración, solicitando juicio abreviado, Villa dijo que fue con Luis Clavijo, funcionario del Ministerio de Gobierno; Walter Andrade, policía que preparó el explosivo; y con la policía Karen Vargas, y le rechazaron el proceso abreviado. Le dijeron que diga que fue con Eduardo Rózsa, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro – rumano, quienes fueron asesinados, y le dieron el proceso abreviado. Fue él quien incriminó a los muertos”, dijo.

Aseguró que el único testigo ocular del atentando, que era el sereno de la casa del cardenal, en coincidencia con la primera versión de Villa Vargas, sostuvo que vio a tres hombres y una mujer en el vehículo.

Asimismo, el gerente y los funcionarios del hotel dijeron que Rózsa y su gente no salieron la noche del 15 de abril, ¿y cómo es que fueron a cometer el atentado si no salieron?, cuestionó.

Refirió que el 16 de abril de 2009, la Fiscalía se incautó de un vehículo de Rózsa, que estaba en el sótano del hotel Las Américas y cuyo último registro de entrada fue el 14, pero según la Fiscalía Rózsa usó ese motorizado para ir a realizar el atentado.

“El montaje siempre estuvo evidente pero había una decisión política para perseguir a los opositores de ese gobierno, para amedrentar a una región que en principio era totalmente opuesta al Gobierno, obviamente no les interesaba la verdad histórica de los hechos”, lamentó.

Asimismo, dijo que la acusación no podía llegar a una condena, porque no tenían en qué basarla, ya que no había nada que vincule a las personas con los delitos.

“Por ejemplo, a mi padre lo acusaron de ser instructor de artes marciales de los jóvenes reclutados para el conflicto bélico, mi padre está en silla de ruedas, cómo puede ser instructor de artes marciales una persona que está en silla de ruedas, así de ridícula era la acusación”, cuestionó.

En ese marco, indicó que pasaron dos años de audiencia, una semana sí y otra no, con un tribunal que iba desde La Paz a juzgarlos presentando extractos de llamadas a un teléfono que habían incautado de Eduardo Rosza, como pruebas que la Fiscalía procuró.

“La prueba material de la Fiscalía eran diez armas que habían encontrado en el stand de Cotas. Lo único que buscaban era cansarnos, que la gente se rinda, cada vez venían las ofertas para que así sea, le vamos a dar dos años, le vamos a hacer declarar cómplices ya nadie va a ir preso por terrorismo sino por alzamiento armado”, decían.

Fuente: eju.tv

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