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Gobierno español avala actuación de encapuchados y descarta plan de fuga

El 28 de diciembre, el Gobierno español negó que hubiera un operativo encubierto para facilitar la salida de las exautoridades asiladas en la residencia mexicana y abrió una investigación por el impasse.

Uno de los encapuchados en la residencia mexicana, el 27 de diciembre.

Erika Segales / La Paz

El Gobierno español avaló la incursión de cuatro encapuchados en la residencia de México el 27 de diciembre, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Maeuec) de ese país publicado ayer en medios de España.   Y niega que hubiera un plan de fuga para sacar a las exautoridades del gobierno de Evo Morales  asiladas en esa instancia diplomática.

El Gobierno de España explica detalles de lo ocurrido ese día en La Paz, pese a que en un principio su ministra de Asuntos Exteriores, Margarita Robles, afirmó a su homóloga Karen Longaric que desconocía de la operación y que, por tanto, no la autorizó.

El comunicado de ayer señala que “el 27 de diciembre a las 10 de la mañana, los funcionarios españoles siguieron estrictamente las instrucciones recibidas. Estas instrucciones no consistían de ningún modo en sacar a asilados de la residencia ni en mantener contacto con ellos”.

La visita se dio luego de que el 26 de diciembre el delegado de la Unión Europa en La Paz, León de la Torre, sugiriera a las embajadas de los Estados Miembros que visiten la residencia mexicana en un intento de contribuir a mitigar la tensión entre Bolivia y México, según el comunicado.

 La información difundida indica que la encargada de negocios de la legación española, Cristina Borreguero, consultó  la sugerencia al Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, a quien también le habría solicitado instrucciones.

      El incidente diplomático desató duras criticas contra la legación española  y el Gobierno boliviano denunció un “atropello” a su soberanía ante la comunidad internacional. En respuesta, el 28 de diciembre, el Gobierno español rechazó la denuncia boliviana y negó que hubiera un operativo encubierto para intentar facilitar la salida de los asilados en la residencia de México. Además, abrió una investigación por el impasse diplomático. 
 
La presencia de los encapuchados derivó también en la instalación de una vigilia de activistas en inmediaciones de la residencia mexicana.  La guardia, que hoy cumple 54 días, tiene como objetivo principal impedir la salida de las exautoridades acusadas por delitos de sedición y terrorismo.

En la residencia de México se encuentran asilados los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz, además del exgobernador Víctor Vásquez y el exdirector de la Agetic  Nicolás Laguna. 

El 1 de febrero, el exministro César Navarro y el exviceministro Pedro Dorado salieron de la casa diplomática rumbo a México luego de que el Gobierno transitorio les entregara  sus salvoconductos.

Asimismo, el Gobierno español lamenta que su par boliviano alimentara las “noticias falsas sobre un supuesto plan de fuga” y rechaza la expulsión de los funcionarios diplomáticos españoles que participaron en la visita.

 El 30 de diciembre, la presidenta Jeanine Añez dio un ultimátum  de 72 horas para que salgan del país  la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero; el cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y los cuatro encapuchados,  además de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado.

  Según reportes de Migración, el 31 de diciembre salieron de Bolivia  los diplomáticos españoles y el 3 de enero, los  encapuchados.

   Denuncian  agresión

  •  Informe En un escrito de cinco páginas, que fue remitido al diputado español Jon Iñárritu, el Maeuec acusó al Gobierno boliviano de poner en riesgo la seguridad de sus dos diplomáticos  y  cuatro agentes  GEO.  
  • Agresiones  De acuerdo al documento, los efectivos españoles sufrieron “agresiones” y fueron embestidos “varias veces por un vehículo de la Policía. Ninguna autoridad del gobierno de Añez  se pronunció respecto al documento. La Cancillería pidió consultar al Ministerio de Gobierno, y éste pidió llamar a la Cancillería.
  • Fuente: Pagina Siete.

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