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Frenética cacería de culpables por las muertes en Montero

“Es que uno va como testigo y termina preso”, dice un funcionario. Por eso todos optan por callar: “Yo no sé”, “No lo conocía”, “Prefiero no hablar”.

El exterior del Hospital Municipal de Montero, donde fue atendido el exguerrillero Facundo Molares. Foto: Carolina Mendez / Página Siete

Carolina Mendez Valencia  / Santa Cruz

Las muertes  de Montero, que tienen víctimas pero no culpables,  han motivado el inicio de una extensa  investigación que se ha tornado de a poco en una especie de cacería de brujas dentro del Hospital Municipal de Montero.

Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas  fallecieron por impacto de bala   en los violentos hechos  del pasado  30 de octubre durante los enfrentamientos en el barrio Cofadena de la ciudad de Montero, en Santa Cruz, cuando se cumplía el octavo día de paro cívico.

“Sólo queremos justicia para estas pobres familias que se han quedado sin un padre”, afirma Regys Medina, presidente del Comité Cívico de Montero, mientras señala las fotos de los fallecidos que tiene en su oficina.

Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas fueron declarados “mártires de la democracia” por el Comité Cívico Pro Santa Cruz,  y  desde entonces  se prometió  hallar y juzgar a los responsables de sus muertes. 

En ese cometido, la Policía identificó la presencia de Facundo Molares, exguerrillero de las FARC, quien presumiblemente operaba desde Montero para comandar enfrentamientos con los cívicos. Molares cayó herido y a partir de ese momento se ha intentado establecer sus vínculos, implicando a personal médico, con  acusaciones  de presunto encubrimiento y complicidad. 

Una administradora, una enfermera, un médico, un estudiante de medicina, una cajera y un chofer de ambulancia son los sindicados de haber colaborado y encubierto al exguerrillero.

Mirta Mery  Sanjinez Alcócer, exadministradora del hospital, cuando fue detenida.
 Foto: El Deber

La  exadministradora del hospital

Enmanillada y custodiada por policías, fue presentada el 6 de enero ante las cámaras de televisión, la exadministradora del hospital de Montero, acusada de “homicidio en grado de complicidad, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir”. Mirta Mery Sanjinez Alcócer, de 63 años de edad, fue durante ocho años directora del Hospital Municipal de Montero, desde donde presuntamente habría colaborado en la atención médica a Facundo Molares, exguerrillero de las FARC.

“Les pido por favor que busquen a los culpables. Deben estar riéndose de ustedes, de nosotros, porque están juzgando a una inocente”, dijo Sanjinez conteniendo el llanto en la audiencia cautelar en la que el juez Tercero de Instrucción en lo Penal determinó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

Dos días antes de la cautelar, el sábado 4 de enero, Sanjinez fue aprehendida en un operativo policial ejecutado en su domicilio, ubicado en la ciudad de Santa Cruz, donde se encontraba cuidando a sus nietas, según el testimonio de sus familiares. 

“Se violó el procedimiento porque no hubo ninguna citación previa y es incorrecto decir que estaba prófuga o escondida, ya que ella se encontraba en su propio domicilio”, demandó Estefany Moreno, abogada de la exadministradora.

 Wilson Castro, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, presentó un organigrama de personas que ayudaron y viabilizaron la atención médica clandestina al exguerrillero de las FARC, estructura según la cual, la exadministradora del hospital “lideraba” la operación. Sanjinez guarda detención preventiva en Palmasola desde el martes 7 de enero y alega inocencia. 

Las causas por las que inicialmente se la imputaban cambiaron de “homicidio en grado de complicidad, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir”, a “asociación delictuosa, omisión de denuncia y uso indebido de bienes del Estado”, ya que la parte demandante no pudo explicar cuál fue la participación de la exfuncionaria en los homicidios y de qué manera instigó públicamente a cometer delito.

Según informaron los familiares de Sanjinéz, la Defensoría del Pueblo se apersonó a Palmasola para abrir un caso de oficio. “Fueron a hablar con mamá porque vieron muchos abusos en el proceso”, reveló la hija.

De acuerdo con Castro, la administradora, “de manera irregular ordenó al personal subalterno del hospital atender al ciudadano argentino Facundo Molares, pese a que había sido internado usando una identidad falsa”.

A la caza de culpables

Alrededor de una mesa que funciona como escritorio, con una computadora sin CPU, está  William Rejala, el nuevo administrador del Hospital Municipal de Montero desde el 20 de noviembre del año pasado. En ese lugar aún se ven objetos que pertenecían a la exfuncionaria Mirta Sanjinez.

 “No se puede tocar nada, nos han dicho que todo está sujeto a inspección, por eso se llevaron hasta el CPU”, explica Rejala,  quien no quiere hablar de lo que pasó en el hospital antes de su llegada.  “No estoy al tanto”, asegura. Jonny Guzman, director del hospital, tampoco quiere  declarar sobre el  tema, se limita a decir: “La investigación dirá”.

El Hospital Municipal de Montero es (se ha vuelto) un escenario de susceptibilidades. “Es que uno va como testigo y termina preso”, dice Rejala. Por eso todos optan por no involucrarse: “Yo no sé”, “No lo conocía”, “Prefiero no hablar” son las respuestas que se obtienen cuando se indaga sobre lo que sucedió el 30 de octubre.

Varios videos circularon por redes sociales al respecto de los enfrentamientos y los heridos. “Sólo están atendiendo masistas”, dice una mujer en un video en el que denuncia que su familiar no encontró cupo en el  hospital. Enrique Zeballos, sobrino de la exadministradora y vecino de Montero, explica que lo que sucedió fue un colapso en  la capacidad del centro médico debido a la intensa jornada violenta que arrojó  cientos de heridos.

El guerrillero  de las FARC, Facundo Molares.
Foto: Archivo

La confusa atención de  Facundo Molares en el hospital de Montero

El 11 de noviembre, cerca de la medianoche, fue ingresado en estado crítico a la clínica Foianini, el exguerrillero de las FARC Facundo Molares, que hasta ese momento no había sido identificado.  Fue  trasladado desde Montero y “abandonado” en el centro sin ninguna persona que responda por él.

Con el afán de identificarlo, se viralizó su fotografía y fue entonces que la Policía lo identificó como  un ciudadano argentino, de 44 años, que perteneció a  las FARC y que era buscado en Colombia.

A partir de allí se descubrió a través de cámaras de seguridad que Molares fue trasladado desde Montero por una ambulancia del hospital municipal y que, antes de la Foianini, recibió atención médica en un consultorio clandestino.

El consultorio pertenecía a los hermanos Emanuel  y Emilio Castelo, médico y estudiante de medicina, respectivamente. Ambos hijos de Flora Guzmán, exenfermera del Hospital Municipal de Montero. Según la investigación, en el lugar había un tanque de oxígeno que pertenecía al  hospital, por lo que se vinculó a la exadministradora como responsable de haber autorizado tal uso.

“La señora Sanjinez recibió una llamada del doctor Castelo quien trabaja en el Centro de Salud San Martín de Porres; el médico le indicó que necesitaban un tanque de oxígeno para un paciente crítico. La exadministradora consultó si había disponibilidad para prestarlo y cuando le dijeron que sí, el médico fue al  hospital y sacó el oxígeno, como ocurre habitualmente cuando existe la necesidad. El doctor era parte de un centro de la misma red de salud. No es raro que se auxilie  con equipo cuando hay emergencias y el procedimiento que se siguió es el habitual, él hizo una solicitud, firmó y sacó”, cuenta la abogada de la exadministradora.

La familia de la acusada  niega que ella haya tenido conocimiento de quién era el paciente, o si el equipo solicitado por  Castelo fue en realidad llevado a otro lugar y no al centro médico donde correspondía. 

“Mi mamá ni siquiera estaba en Montero. Nosotros, preocupados por los enfrentamientos y el paro, nos la trajimos a Santa Cruz porque ella es de la tercera edad. Queríamos que renuncie para que no esté en afanes. Conseguimos un taxi y la hicimos traer. Ella presentó una carta de vacación, pero aun así siguió atendiendo el teléfono, tratando de ayudar a hacer gestiones para sobrellevar la crisis a raíz de los enfrentamientos”, cuenta la hija de Sanjinez.

“Ese consultorio donde fue atendido Molares era un emprendimiento como esos que tienen la gran mayoría de doctores en Montero. Siempre jalan hacia sus clínicas privadas propiciando una fuga de pacientes desde los hospitales públicos. Aparentemente, este fue un caso en el que la enfermera y sus dos hijos llevaron a un enfermo y aprovecharon un tubo de oxígeno del hospital”, explica Mario Baptista, exalcalde de Montero, quien también niega haber conocido a Molares.

Sobre si Molares ingresó al hospital y de allí fue trasladado a otra clínica -como sucedía por la saturación de pacientes durante esos días- no se tiene la certeza. El  hospital no quiso brindar información al respecto y la familia de la administradora asegura no saberlo. La posibilidad de que haya ingresado al hospital municipal y que desde allí haya sido trasladado, existe. Pero también es probable que directamente haya sido llevado al consultorio clandestino, ya que este lugar venía operando aún antes de los hechos.

Para el Comité Cívico de Montero, en cambio, ese consultorio clandestino era parte de la  estructura de una organización criminal que planificadamente provocó disturbios en Montero.  

“No sabemos cuántos otros guerrilleros había en los enfrentamientos, pero lo que parece que sucedió es que querían entorpecer el paro cívico pacífico y ya tenían todo un armado de auxilio por si caían heridos”, afirma Regys Medina, presidente del Comité Cívico de Montero. 

“Lo que yo considero es que se ha cometido una injusticia con un interés político. Estamos de acuerdo con que den con los responsables de la muerte de Terrazas y Salvatierra, pero no puede ser que por eso incriminen a cualquiera. Quieren usar a mi tía como un trofeo”, reclama Enrique Zeballos, sobrino de la exadministradora.

Esta persona  fue identificada como uno de los atacantes.
Foto: El Deber

Lo que  ocurrió

  • El hecho Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas  fallecieron por impacto de bala   en los  hechos  del pasado  30 de octubre durante los enfrentamientos en el barrio Cofadena de la ciudad de Montero, en Santa Cruz, cuando se cumplía el octavo día de paro cívico.
  • Buscado La Policía identificó la presencia de Facundo Molares, exguerrillero de las FARC, quien presumiblemente operaba desde Montero para comandar enfrentamientos con los cívicos, cayó herido y comenzó la cacería.
  • Fuente: Pagina Siete.

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