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Informe a la CIDH: Las violaciones a los derechos políticos tienen origen en el 21F

“Nada de lo que estamos viviendo, lo habríamos vivido si se respetaba la decisión del referendo”, se lee en el reporte de Derechos en Acción. En el MAS reconocen que los problemas comenzaron con el 21F.

Una de las movilizaciones en defensa del voto y la democracia, noviembre de 2019.

Beatriz Layme  / La Paz

El origen de la crisis social y las violaciones a los derechos políticos en Bolivia  tienen como punto de partida el referendo del  21 de febrero de 2016,   señala el informe de  Derechos en Acción. En esa consulta  se preguntó  al electorado si estaba  o no de acuerdo con la reelección,  la mayoría dijo “No”.

  “Nada de lo ocurrido en estas últimas semanas podría explicarse sin retrotraernos al irrespeto del 21F. Es más, nada de lo que estamos viviendo  lo habríamos vivido si se respetaba la decisión del referendo”, se lee en el reporte de esa entidad.

El documento fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y  a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en su despacho regional para América del Sur, que opera en Chile, confirmó a Página Siete Guido Ibarguen, quien encabezó el equipo de profesionales que investigó e identificó las vulneraciones a los derechos políticos en el país.

De acuerdo al informe,  todo surgió con el referendo del 21F, cuando el 51,3% dijo “No” a la reelección. Ese  resultado vetó  a Evo Morales para postular a los comicios del 20 de octubre. No obstante,  pese a ese resultado,   el MAS activó diferentes acciones para  que Morales figure en la papeleta.  

En  noviembre de 2017,  el partido del expresidente logró que el   Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) diera luz verde a la “reelección indefinida”,  con el argumento de que es un derecho humano. Luego,  el Tribunal Supremo Electoral  habilitó   al binomio Evo-Álvaro para  los comicios de octubre.   

Ante ese  accionar -se lee en el informe-, se desataron  protestas, dado que  la sociedad boliviana fue “burlada por  el valor nulo que el TCP le dio a su voto”. Las manifestaciones  llegaron hasta el seno de  la Organización de Estados Americanos (OEA).

El 20 de octubre, cuando  los bolivianos acudieron a las urnas, se interrumpió el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). La misión de observadores de la OEA,  en un informe  preliminar, constató que varios principios con  los que debe regirse una  elección  fueron “vulnerados”. 

 Después de los comicios se registró una ola de movilizaciones y actos de vandalismo. Quemaron oficinas electorales y en La Paz incendiaron  más de  60 buses PumaKatari y casas de personalidades.    

Con ese antecedente, el informe de Derechos en Acción concluyó que las violaciones empezaron luego del referendo del  21 de febrero de 2016, más precisamente el 28 de noviembre de 2017, cuando la sala plena del TCP dictó la sentencia constitucional 84/2017.
 

Las reacciones 

El embajador de la Unión Europea, León de la Torre, consideró que hubo muchas razones que originaron la crisis, una de ellas y la  más relevante: el 21F. 

 “El primer cambio de tendencia se produjo en el referendo de febrero de 2016 y los ciclos políticos a veces se anticipan, pero ahora nosotros nos tenemos que centrar en recuperar la senda democrática, a través de elecciones que sean incuestionables, las mejores de la democracia Bolivia”, manifestó De la Torre, quien espera que “todo el mundo” confíe en el sistema que implementará el Órgano Electoral. 

El senador del MAS Ciro Zabala sostuvo que “no se puede negar que la problemática comenzó con los resultados del 21F”, aunque responsabilizó  “de todo” al TCP  por avalar la “reelección indefinida”.

“Pero los resultados finales son los que duelen a todos. Nos preocupa a todos porque hemos tenido un país dividido, un país conflictuado y lo que es peor, muertos, heridos y destrucción”, manifestó Zabala.    

En criterio de la presidenta del  Senado, Eva Copa (MAS), el no haber respetado el 21F “puede ser como no puede ser” un factor que desencadenó en crisis.   “Ahora más que nunca lo que quiere el MAS es escuchar a sus bases y trabajar con todos”, manifestó  Copa. 

 “El documento es un aporte”

Guido Ibarguen, abogado especialista en derecho internacional  de los derechos humanos, explicó que el informe sobre “los derechos humanos en Bolivia en el contexto de las elecciones generales 2019” es un aporte para que  se  conozca el caso boliviano. 

“El documento es un aporte para que organismos internacionales conozcan el caso de Bolivia. Seguramente emitirán un informe en algún tiempo, entonces queríamos dar un aporte para que analicen la situación de todos los ángulos”, dijo   Iberguen, quien   trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  y en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuente: Pagina Siete.

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