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Represión y muerte en Apolo Fiscalía rechazó investigación sobre tortura en caso Bascopé

Estudio de peritos internacionales concluyeron que Juan Bascopé Cari fue víctima de tortura psicológica y física. A través de una nota enviada al Ministro de Justicia, Adepcoca Regional Apolo, solicitó hacer el seguimiento y conminar a jueces y fiscales revisar el caso

ALGUNAS IMÁGENES DE LAS SECUELAS QUE QUEDARON EN BASCOPÉ POR LAS TORTURAS DE LAS QUE FUE VÍCTIMA.

Después de más de cuatro años de iniciado el proceso, el Ministerio Público rechazó el 22 de noviembre, la denuncia de tortura de Juan Bascopé Cari, sin haber realizado la reconstrucción de los hechos ni pedir un informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y violencia estatal (ITEI), solicitado por su defensa legal.

Juan Bascopé guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, desde el 17 de julio de 2014, acusado por la muerte de cuatro efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Apolo.

Bascopé recordó que los días jueves, 17; viernes, 18; sábado, 19 y domingo 20 de julio de 2014, sufrió una serie de torturas por parte de policías y militares. “Querían anular mi vida”, recuerda, al lamentar que desde ese año vive una muerte civil, ya que a la fecha, no puede recuperarse de todas las secuelas que le dejaron esos malos tratos.

“No puedo recuperarme y nadie se hace cargo de mi salud, me duele mi cabeza, pierdo la memoria, mis hombros dislocados no pueden sanar, mis omoplatos me duelen, el dolor de mi ombligo no me deja parar ni sentarme fácilmente, he perdido el 95 % de mi visibilidad”, lamentó en contacto con EL DIARIO.

Bascopé considera que la tortura del que fue víctima, tenía el objetivo de que se incrimine en la muerte los cuatro funcionarios de la FTC, unidad que ingresó a la comunidad de Miraflores de Apolo en octubre de 2013 a erradicar coca.

La defensa de Bascopé, la abogada Mary Rodríguez, solicitó que se efectivice una Inspección Técnica Ocular (ITO), seguida de reconstrucción de los hechos en el Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP), lugar donde Bascopé habría sido sujeto de tortura, empero la solicitud no fue atendida.

“Hemos solicitado una reconstrucción en CEIP, lugar donde lo habrían llevado inmediatamente que lo aprehendieron. No se explica por qué lo habrían llevado allí, se ha hecho las averiguaciones correspondientes a esa institución pero ellos dan unos informes sesgados, indicando que hay un requerimiento de aprehensión, mismo que no lo pudimos ver”, dijo la abogada, en contacto con EL DIARIO.

Rodríguez manifestó que en el marco del Protocolo de Estambul (Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes), solicitó una pericia psicológica, a través del ITEI, empero tampoco se efectivizó.

“Hay indicios que hacen presumir que es verdad lo que refiere la víctima porque hay testigos que lo han visto. Uno vio en qué condiciones llegó a San Pedro y el otro de la forma que lo han tratado cuando lo aprehendieron”, manifestó.

DESAPARICIÓN DE INDICIOS

A decir de Bascopé, las autoridades judiciales y penitenciarias en todo momento “han querido borrar todo indicio” del trato cruel del que fue víctima.

De acuerdo al testimonio, cuando Bascopé fue depositado en el penal de San Pedro de La Paz, el médico encargado, Harold Reyes, se negó a evaluarlo, pese “a las lamentables condiciones en que me encontraba”, dijo.

En la audiencia de medidas cautelares el abogado defensor denunció tratos crueles contra Bascopé, según se lee en el cuaderno de investigaciones, pero tampoco fue tomado en cuenta.

Los policías Romer Gonzalo Álvarez Cuaretti y Christian Mauricio Rojas Rodríguez fueron reconocidos por Bascopé como sus torturadores que le dejaron serias secuelas en su físico y en el aspecto sicológico.

Además de estos policías, Bascopé también denunció a fiscales, de los que dio sus nombres y apellidos, pero no fueron incluidos en la investigación.

“Los funcionarios (policiales) carecían de ética, me anularon la vida, me mataron en vida, bajo las órdenes del viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez Valenzuela”, señaló el afectado, según ANF.

FISCALÍA

Desde hace varias semanas atrás, este medio de comunicación trató de buscar la versión del Ministerio Público, empero desde la unidad de Comunicación nos dijeron que la fiscal que rechazó el caso, Amparo Morales, renunció a su cargo y hasta la semana pasada no se había reasignado el mismo.

ITEI

Andrés Gautier, miembro del ITEI, manifestó que a solicitud de esa institución, dos peritos del IFEG (Independent Forensic Expert Group), vinieron a realizar una valoración a Bascope, misma que no fue reconocida porque no se siguieron los requisitos exigidos; como que el que el requerimiento debió salir de un Juzgado.

“Tenemos ese peritaje aunque no ha sido reconocido. Está claro es que hay secuelas psicológicas y físicas porque todos estos años ha sufrido de una presión alta ligada a una tensión, por eso tiene dolores de cabeza frecuente”, explicó.

En esa línea, Gautier explicó que al inicio del proceso el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), rechazó hacerle una valoración física, y a insistencia de otras instituciones, lo hizo tres meses después, empero solo una valoración externa donde aparentemente ya no habían moretones, y no pidieron una investigación especializada de las dolencias. “Como era previsible dijeron que no había nada”, dijo.

Gautier lamentó que la Justicia y la Policía, tengan una alianza perversa. “Como no saben investigar, necesitan el método de investigación inquisitorios, para obtener información o confesión”, apuntó.

CASO APOLO

En octubre de 2013 se produjo una incursión violenta a comunidades de Apolo con motivo de la erradicación de coca excedentaria. Varias investigaciones que se hicieron, entre ellas el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, establecen que el ingreso de la FTC, policías y militares, no fue precisamente a cocales excedentarios, sino a zonas de producción tradicional de coca.

Como resultado del hecho se produjo el deceso de cuatro personas, Willy Yujra Mamani, suboficial de la Fuerza Naval; Michael Joel Olivares, médico; Johnny Reynaldo Quispe Chura y Oscar Gironda Porres, subtenientes del Ejército. Además de 30 heridos y 17 detenidos enviados a la cárcel de Patacamaya.

Más de cien niños y sus familias fueron refugiados en la Iglesia de Apolo bajo la protección del padre Dionicio Zabala, contra quien el Gobierno de Evo Morales lanzó una feroz campaña de desprestigio.

El entonces asambleísta departamental, Víctor León Chalco, fue secuestrado por algunas horas en la ciudad de La Paz, por encapuchados, que le exigían nombres de dirigentes de Apolo.

ADEPCOCA

A través de una carta dirigida al ministro de Justicia Álvaro Coimbra, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), regional Apolo, solicitó realizar el seguimiento y conminar a jueces y fiscales a revisar y atender los casos de dirigentes denominados “perseguidos políticos”.

Fuente: El Diario.

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