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Indagan contratación ilegal de empresas de la familia Egüez

El primo hermano del magistrado del TSJ adjudicó licitaciones a tías, primos y amigos, incluso a empresas creadas sólo días antes de las convocatorias.


Rollf Egüez (der.) dedicó esta frase en Facebook a su primo. Foto: Facebook

Carlos Quisbert  / La Paz

La Fiscalía investiga la adjudicación irregular de contratos a un grupo de familiares del magistrado del Tribunal Supremo Judicial (TSJ) Carlos Alberto Egüez. Se calcula un daño económico de más de dos millones de bolivianos por licitaciones asignadas a empresas creadas sólo días antes del  lanzamiento de las convocatorias.

“La investigación está en la fase preliminar. Se solicitaron informes a diferentes entidades porque se habla de temas como que estarían forzando la contratación de empresas que brindan servicios al Órgano Judicial de Beni (…) Son varios los implicados”, informó a Página Siete la fiscal departamental de Beni, Nuria Gonzales.

La senadora Jeanine Áñez, de Unidad Demócrata (UD),  informó que existen audios, videos y documentos sobre las denuncias que involucran al magistrado Egüez y a sus familiares. Señaló que estos elementos fueron remitidos tanto al Consejo de la Magistratura, la Fiscalía y la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa, “para que no digan que no estaban enterados”, y solicitar el inicio de un juicio de responsabilidades.

Según los documentos que figuran en la Dirección Administrativa Financiera (DAF) y el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), a los que accedió este medio, los contratos observados comprometen a al menos  cinco familiares. En redes sociales se publicó un organigrama que compromete a dos tías, dos primos, el esposo de la asistente del magistrado, además de la relación con dueños de empresas que fueron creadas sólo días antes de que se publiquen las convocatorias.

En una anterior entrevista con Página Siete, el magistrado Egüez dijo desconocer el organigrama y negó las acusaciones.  “Eso es falso, como le digo, mi persona no tiene ninguna relación o potestad sobre el tema administrativo. Existen numerosas personas que utilizan los nombres de los magistrados, pero le reitero, no tengo ninguna influencia”, sostuvo Egüez.

Según Áñez, la persona encargada de ejecutar el negociado era Rollf Egüez, primo hermano del magistrado, nombrado el 5 de febrero de 2018 como jefe administrativo y financiero de la DAF en Beni , con un salario de 15.782 bolivianos. La denuncia señala irregularidades en al menos 21 contratos adjudicados entre 2018 y 2019 por un total de 2.607.499 bolivianos. Todos estos datos están registrados en el Sicoes.

Ayer, una persona que no se identificó respondió el celular de Rollf Egüez y dijo que no podía atender la consulta sobre esta denuncia y  que transmitiría la misma al exdirector de la DAF de Beni que renunció en mayo de este año por motivos personales.

Rollf Egüez fue nombrado sin concurso de méritos y  por invitación directa por el  director nacional de la DAF, Roger Palacios, quien ayer reportó que por estas denuncias también se abrió una investigación  administrativa interna que sigue en proceso.

Palacios negó dar información sobre el estado actual de las empresas, para no perjudicar la investigación. Aclaró que el 20 de mayo de este año se sumó a la denuncia hecha por el Consejo de la Magistratura en la Fiscalía, y tampoco dio información sobre el estado de la investigación.

     Rollf Egüez también está implicado en el caso del secuestro de la notaria electoral Josefina Canchi y la alteración de las actas de votación de la comunidad Misión Fátima, en las elecciones judiciales de 2017. La senadora Añez recordó que fue gracias a ese fraude que el magistrado logró ser nombrado como magistrados por esa región.

 Hace dos semanas, se reveló un audio en el que el magistrado instruía al entonces juez Pedro Carvalho que cierre y archive el caso sobre el fraude electoral abierto recién en mayo de este año. En esa grabación, Egüez asegura al juez que sería respaldado por la Fiscalía General. 

  Para hoy, se espera una nueva audiencia del exjuez Carvalho, quien presentó una nueva acción de libertad contra los fiscales, para evitar declarar en el caso del audio.

Fuente: Pagina Siete.

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