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La Fiscalía incumplió al menos 7 actuaciones en juicio a Franclin

En un año de investigación, los fiscales no realizaron la reconstrucción de los hechos ni llamaron a declarar a los involucrados en la muerte de un policía.


Franclin Gutiérrez sale enmanillado de Adepcoca, en agosto del año pasado. Foto:Archivo / Página Siete

Pamela Pomacahua  / La Paz

Desde declaraciones hasta la reconstrucción del hecho. La Fiscalía no realizó al menos siete procedimientos legales -que son parte de la etapa preparatoria de cualquier proceso legal- a casi un año de la investigación por la muerte de un policía, cuyo principal acusado es el dirigente de los cocaleros de los Yungas, Franclin Gutiérrez. 

El teniente de la Policía Daynor Sandoval perdió la vida en una supuesta emboscada en La Asunta, en agosto de 2018.  Gutiérrez fue acusado de ser el autor intelectual de la muerte.

La primera actuación que no se hizo es la inspección técnica ocular. En 11 meses, la defensa del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) presentó cinco solicitudes para    que se haga ese procedimiento en La Asunta, pero no se lo realizó.    
  
“El 8 de marzo del año en curso, el fiscal Alexis Vilela procedió con la suspensión de la audiencia de inspección técnica ocular (…) debido a que habría incumplido con las notificaciones a  las partes; sin embargo, el cumplimiento de las formalidades (previas notificaciones)  es responsabilidad del Ministerio Público, en este caso su brazo operativo que es la Policía Nacional”, señala una parte del cuaderno de investigaciones al que accedió Página Siete. 

Tampoco se llevó a cabo    la  reconstrucción de los hechos, en la que se debería mostrar la manera en que los policías fueron víctimas de la emboscada, como sostiene el Gobierno.  Cuatro días después de la muerte del efectivo (el 24 de agosto de 2018), la Fiscalía en la audiencia cautelar argumentó que los comunarios utilizaron explosivos, dinamita y armas de fuego, pero no los mostró.

Después de seis meses de la supuesta emboscada, la Fiscalía tampoco dio a conocer qué personas participaron en el hecho, quiénes supuestamente entregaron armas a los cocaleros (extranjeros). Tampoco se conoce dónde está el armamento y cuál era la estructura de la “organización criminal”,  calificada así por el Gobierno.

   “¿Dónde están esas armas?, ¿dónde se encuentran  los nombres de los extranjeros? En el cuaderno de investigación no hay nada; si había armas deberían estar en custodia”, indicó el abogado del dirigente de Adepcoca, Ever Vera. 

 En febrero pasado, el entonces fiscal Carlos Mariaca pidió la ampliación de la etapa preparatoria del proceso porque hasta ese mes no se habían respondido todas esas cuestionantes.

Mariaca fue apartado del caso ese mes y actualmente los fiscales Alexis Vilela y Janneth Usnayo dirigen la investigación.

 Tras la ampliación del proceso, el juez Octavo de Instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, conminó a los dos fiscales a que realicen la inspección técnica ocular y la reconstrucción, según señala el cuaderno de control jurisdiccional. No obstante, hasta  la fecha ninguna de las actuaciones se realizó. 

 “No podemos llevar el acto correspondiente porque la vida de los fiscales corre peligro, hay conflicto en la zona y los testigos (policías) no fueron convocados porque  no se encuentran,  ya que han sido destinados a otros departamentos (…) Como no podemos citarlos, no podemos recabar la información”, argumenta la Fiscalía, según el cuaderno de investigaciones.

La séptima actuación procesal que no se hizo fue convocar a declarar a los policías que estuvieron en La Asunta cuando hubo la supuesta emboscada. La fiscal Usnayo confirmó que hasta la fecha los efectivos no fueron citados.

“Los fiscales han incumplido con los actuados (acciones),  ya que en febrero debieron presentar la acusación formal. Ahora, hasta agosto deben presentar o la acusación o el sobreseimiento, a no ser que aprehendan a otra personas vinculada al caso para que se amplíe otra vez la investigación”, explicó el otro abogado de Gutiérrez, Marco Antonio Loza.

El dirigente de Prensa y Propaganda de Adepcoca, Javier Aparicio, dijo que no hay pruebas contra su líder; y que tanto el directorio como las bases lo sabían desde el día en que se registró la muerte de Sandoval.

Página Siete publicó el lunes un audio en el que se escucha al ahora exfiscal Mariaca cuando asegura que no hay pruebas para acusar a Gutiérrez. Además,  afirma que no presentará la acusación formal porque no tiene pruebas en su contra.

  Esta revelación causó indignación en políticos, periodistas y activistas de Derechos Humanos, quienes coincidieron en que la justicia está podrida y que Gutiérrez no es más que un preso político.

Ante esto, el Ministerio de Gobierno no sólo reiteró que tiene elementos suficientes contra el líder cocalero, sino que anunció que pedirá 30 años de cárcel para Gutiérrez cuando comience el juicio oral.

Gobierno dice que  más   dirigentes  son investigados

El Ministerio de Gobierno informó que otras dos personas más están sindicadas,  junto con el  dirigente cocalero Franclin Gutiérrez, por la muerte del teniente Daynor Sandoval, en agosto de 2018 en el municipio de La Asunta. 

   “Hay dos personas prófugas (Sergio Pampa y Roberto Chira) dentro de la presente investigación. A raíz de esto, el Ministerio de Gobierno  va a solicitar  la declaratoria de rebeldía de ambos y proseguir con la investigación para que de una vez la Fiscalía presente  la acusación formal”, dijo el abogado de esa cartera de Estado, Antonio Saavedra. 

El jurista argumentó que a pesar de que estos dos dirigentes cocaleros ya fueron notificados, el Ministerio de Gobierno solicitará a la Fiscalía que se los declare rebeldes.

 En redes sociales circuló ayer una supuesta orden de allanamiento desde el Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal de La Asunta. “Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Saúl Tito Apaza, Sergio Pampa Pari y otros por los supuestos delitos de lesiones graves y leves, fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, entre otros, se emite el mandamiento de allanamiento”, señala el documento.

Sergio Pampa se declaró en la clandestinidad hace casi un mes por el temor de que el Gobierno, mediante la Policía, lo detenga y procese como lo hizo con Franclin Gutiérrez.

Fuente: Pagina Siete.

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