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Jhasmany “mareó” la perdiz seis veces en una sola semana

Pidió ampliar sus declaraciones en Cochabamba, acusó a 57 servidores públicos sin pruebas, aceptó dar las claves de los soportes electrónicos secuestrados y luego se arrepintió.

BETTY CONDORI ROJAS


JHASMANY T. BAJA DE UN VEHÍCULO DE RÉGIMEN PENITENCIARIO. EN LA FOTO DE AL LADO, LA FISCAL FARIDY ARNEZ.

Jhasmany T.L. estuvo en Cochabamba, su centro de acción, más de una semana debido a que pidió ampliar sus declaraciones. En ese tiempo, distrajo la atención de la Justicia por lo menos en seis veces oportunidades.

Acusó a 57 servidores públicos sin presentar pruebas; prometió mostrar videos y audios y no lo hizo; accedió a dar las claves de las encriptaciones de los soportes electrónicos secuestrados por la Fiscalía, y se arrepintió; se refirió también a un pacto con el Ministerio Público para obtener ciertos beneficios y resulta que el trato es igual para todo imputado.

Además quiso hacer ver que las autoridades impedían que su médico de cabecera le ampute su adolorido pie, pero en realidad no necesitaba; y denunció que su vida estaba en peligro en El Abra.

Ante esas circunstancias y tras vencer el plazo de la declaratoria de caso en reserva, el juez que lleva la causa determinó que el conocido Abogado del diablo retorne al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, de La Paz, ayer por la madrugada. 

Jhasmany es acusado de privación de libertad por extorsión, tortura y de conformar una red de consorcio de jueces, fiscales y policías que operaba desde su bufete Leclere y Asociados. Los casos se hicieron públicos, después de ver videos en los que se lo ve golpeando a supuestos deudores.

La fiscal del caso Faridy Arnez informó que el imputado solicitó ampliar su declaración ejerciendo su derecho a la defensa. Prometió proporcionar información presuntamente conocida solo por él.

SIN PRUEBAS En la ampliación de sus declaraciones en la Fiscalía, Jhasmany T. señaló 57 nombres de jueces y fiscales de quienes, dijo, son parte de la red que lideraba, aunque no presentó pruebas; sin embargo identificó antecedentes en cuadernos de investigación y memoriales que ahora se investigan.

Arnez admitió que entre los nombrados están dos altos representantes del Ministerio Público y del Órgano Judicial, pero aclaró que “se debe presumir la inocencia”. 

Arnez dijo que se desarrollarán “actos investigativos necesarios y pertinentes para establecer si esa información es veraz”.

VIDEOS La Fiscal hizo referencia a las declaraciones de Jhasmany en medios de comunicación indicando que “iba a proporcionar diversos elementos de convicción como audios, videos y otros, pero no ha entregado nada”. 

SOPORTES ELECTRÓNICOS En noviembre del año pasado, la Fiscalía secuestró soportes digitales de la oficina del Abogado del diablo, pero no pudo acceder a la información porque estaba encriptada. Jhasmany dijo estos días que iba a dar la clave para acceder a esos datos, pidió que se abran esas pruebas, pero a último momento se negó a hacerlo. 

ACUERDO En cierto momento y en tono molesto, cuando se enteró de que no le iban a amputar su pie, Jhasmany se refirió a que el Ministerio Público no estaba cumpliendo un acuerdo. Ayer, Arnez explicó que la ley prevé que en delitos de corrupción, “cuando uno de los imputados colabora con la investigación, dentro de un marco de objetividad, el Ministerio Público puede valorar esas circunstancias y atenuar su responsabilidad, pero no es un trato con Jhasmany. Los datos de él están en proceso de verificación”.

Es más, Arnez señaló que Jhasmany en este tiempo obstaculizó la investigación y “obviamente genera un perjuicio a la situación jurídica del imputado. Él será juzgado, no hay nadie que esté por encima de la ley”.

SALUD Jhasmany hizo ver que el Ministerio Público estaba obstaculizando y amenazando a su médico para evitar que se someta a una cirugía de amputación de pie. La fiscal Arnez explicó ayer que solicitó al juez, que ejerce el control jurisdiccional, que traumatólogos valoren la situación del imputado. “Un especialista asignado expresamente por el director del hospital Viedma y el médico de cabecera de confianza de Jhasmany dieron un informe. El pedido de amputación fue una decisión personal del imputado, pero era innecesario e irreal”. 

VIDA EN RIESGO Jhasmany se quejó ante los medios de comunicación que su vida estaba en riesgo y que por ese motivo llevaba un chaleco antibalas. 

“He estado cerca del imputado y jamás me ha comunicado que haya sentido una amenaza y tampoco le expresó al Gobernador de la cárcel. El chaleco es una medida de seguridad diaria”, dijo Arnez.

La fiscal del caso expresó que Jhasmany en este tiempo solo obstaculizó la investigación y tras concluir los 10 días de reserva en la investigación y terminadas las tareas investigativas en esta etapa, el juez decidió que el imputado retorne a La Paz.

Fuente: Opinion.

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