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Un sargento fue a notificar al abogado en 2017 y guardó la patrulla en el garaje para beber con el jurista. La norma dice que, al conocer de un delito, un policía debe formalizar denuncia.
Darynka Sánchez A.
LA CAMIONETA DENTRO DE LA CASA QUE JHASMANY LE ARREBATÓ A SU PADRASTRO.
El comandante de la Policía de Cochabamba, coronel Raúl Grandy, todavía no ha sentado denuncia, ante la Fiscalía, por el delito de uso indebido de bienes del Estado contra un sargento apodado capitán Ray que fue sindicado de ingresar con una camioneta de propiedad de la Policía a la casa donde funcionaba el bufete Leclere y Asociados para consumir bebidas alcohólicas con el abogado y departir con mujeres que son explotadas sexualmente, de acuerdo a declaraciones que cursan en las investigaciones del Ministerio Público.
El 17 de marzo de 2019, OPINIÓN publicó fragmentos de las declaraciones oficiales presentadas por miembros de la presunta organización del bufete Leclere y Asociados ante la Fiscalía.
El detenido (en su casa) Diego L.N. contó que el año 2018, un día antes de la fiesta carnavalera de Compadres, un sargento apodado capitán Ray acudió al bufete a bordo de una patrulla policial para notificar al abogado.
El efectivo metió la patrulla al garaje del inmueble particular y consumió bebidas alcohólicas con Jhasmany y otros trabajadores. Según Diego L.N., el abogado llamó a dos mujeres “prepago” para que atiendan al policía que se quedó al menos dos horas allí y solo se fue cuando le llamaron para avisarle de otro caso por investigar.
Existe una foto de la patrulla policial dentro de la casa, que fue tomada por uno de los trabajadores del bufete, y el Comandante de la Policía tiene la obligación de denunciar el caso como un delito de uso indebido de bienes del Estado. El Código de Procedimiento Penal boliviano establece en su artículo 293 que los funcionarios y agentes de la policía que tengan una noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción pública informarán, dentro de las ocho horas de su primera intervención a la Fiscalía. Bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos.
OPINIÓN publicó el 17 de marzo una noticia fehaciente sobre la existencia de esa declaración y de la fotografía que prueba el uso indebido de bienes del Estado. El 20 de abril, el comandante, coronel Raúl Grandy, dijo que hasta esa fecha no había formalizado la denuncia penal ante el Ministerio Público y justificó la demora explicando que estaban acumulando más elementos de prueba “para que el caso no se caiga”. “Haremos la denuncia una vez que nos munamos de todos los elementos convincentes, para que la misma sea contundente y la Fiscalía no rechace el caso por la ausencia de indicios y procedimientos obviados”, dijo, comprometiéndose a preguntar si Asesoría Legal ya culminó su labor. Sin embargo, explicó que, paralelamente, la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi) y la Fiscalía Policial, que son entes autónomos, ya iniciaron investigaciones contra los cuatro efectivos implicados en el caso consorcio de jueces, policías, fiscales y abogados, pero también contra los policías nombrados en el caso. “Estamos haciendo seguimiento, sin inmiscuirnos en las pesquisas, en cumplimiento de la Ley 101. Ellos actúan de manera independiente e informan a sus respectivas direcciones nacionales”.
Fuente: Opinion.
