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Una decepción en 13 años

Este 22 de enero, Evo Morales cumple 13 años en el poder, el periodo más largo de gobierno de toda la historia boliviana. Morales logró este récord gracias a su popularidad electoral, pero también a haber alterado las normas democráticas, participando en las elecciones de 2014 cuando no podía hacerlo, tanto por el acuerdo político que dio origen a la Constitución, como por haber hecho la promesa pública de retirarse ese año.
Estos son dos rasgos del gobierno de Morales que la historia recogerá. Por un lado, fue un gobierno que logró que la mayoría de los bolivianos se ilusionara con la posibilidad del desarrollo nacional y de la igualdad social, que parecían estar al alcance de la mano. Por el otro, fue un gobierno que no sólo se impuso a sus rivales, sino a la democracia misma, sobre la cual pisó y pasó para realizar el programa que progresivamente sustituyó al inicial, esto es, el programa de la reelección indefinida y la conservación de las “pegas” conquistadas como si fueran un patrimonio personal y partidario.

La historia recordará la gestión de Morales como otro ejemplo -de los varios que ha habido en Bolivia- de un gobierno popular que llega al poder para remediar las graves injusticias que sufren los más vulnerables y para cambiar profundamente a la patria, y que termina vencido por las dificultades estructurales, decadente y desideologizado; pero, eso sí, enriquecido y transformado en una de las causas coadyuvantes de las mismas injusticias que lo impulsaron a formarse.

Hace pocos días, la CEPAL ha presentado un informe que concluye que la disminución de la pobreza en el país está estancada desde hace varios años. El 35% de la población sigue siendo pobre; es decir, sigue obteniendo menos de cuatro dólares por día. Esto deja a Bolivia en el puesto de país más subdesarrollado de Sudamérica, sólo comparable con algunos países centroamericanos. Pese a los avances, que sin duda se han dado en la última década y media, seguimos en la cola.

Un poco antes de esta noticia, se conoció que la COB se oponía al reglamento del segundo aguinaldo porque éste impedía que el beneficio llegara a los funcionarios y obreros de las universidades y de las minas, y plantas estatales que ganan más de 15.000 bolivianos; es decir, de algo más de 2.000 dólares. Tenemos entonces que, por un lado, 3.850.000 bolivianos reciben menos de 120 dólares por mes. Y, por el otro, algunos asalariados del Estado ganan más 2.000 dólares mensuales, y además exigen dos aguinaldos, que sumados a sus sueldos de diciembre les darían entre 6.000 y 9.000 dólares de regalo de Navidad.
Tal era la causa que la “gloriosa” COB defendía, con la amenaza de abandonar el “proceso de cambio” si no lograba lo que quería. Claro, porque lo que estaba en juego era el “cambio” de la condición económica de sus dirigentes y no en base al trabajo duro, sino de las conexiones políticas. ¿De qué justicia social puede entonces hablar hoy la COB, columna vertebral del Movimiento Al Socialismo? ¿Cómo puede preocuparse del 35% de los bolivianos pobres, si su élite, comprada con fuertes beneficios y múltiples prebendas, vive en las nubes?

¿Para esto se hizo la “revolución”, para que los cobistas se hicieran ricos? Desgraciadamente, parece que sí. No es la primera vez que ocurre en nuestro país. Cambian los apellidos -ayer más españoles y hoy más indígenas-, pero las actitudes son las mismas, así como la frustración de la mayoría.

Samuel Doria Medina es presidente de Unidad Nacional
Fuente: Pagina Siete.

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