Inicio / Seguridad / Caen 2 vocales, fiscal, 4 policías y marido de vocal por caso Jhasmany

Caen 2 vocales, fiscal, 4 policías y marido de vocal por caso Jhasmany

El abogado redactaba las respuestas a las apelaciones de sus casos en su oficina y las autoridades judiciales con las que tenía nexos solo firmaban. Los efectivos hicieron desaparecer discos duros con pruebas vitales.

LA VOCAL ANAWELLA TORREZ POQUECHOQUE ES TRASLADADA POR POLICÍAS FUERA DE LA FISCALÍA.
El clamor de al menos cinco víctimas torturadas por el abogado Jhasmany T.L. destapó una red de corrupción en Cochabamba que logró penetrar instituciones como la Policía, el Órgano Judicial y la misma Fiscalía. Dos vocales, un fiscal, cuatro policías y el marido de una vocal fueron identificados ayer como integrantes de una estructura de poder que se dedicaba a manipular casos e información para favorecer a la consultora jurídica Leclere y Asociados.

La Fiscalía ordenó la aprehensión de ocho personas, siete de ellas son funcionarios públicos: los vocales Anawella Torrez Poquechoque, y César Nelson Pereira Antezana; el fiscal de materia Óscar Mauricio Olivares Gordillo; los policías Jorge Armando Torrico Torrico; Adolfo Sanabria Beltrán, Hugo Maldonado Díaz y Carlos Armando Pacheco Ramírez, además del marido de la vocal Anawella, Clever Yuri Juan T.Q.

De todos ellos, siete ya fueron aprehendidos y hasta el cierre de esta edición continuaba la búsqueda del vocal de la Sala Penal 2, Nelson Pereira.

En conferencia de prensa, el Fiscal Departamental de Cochabamba, Juan De la Cruz Vargas, y los fiscales de materia Faridy Arnez y Ricardo Arellano explicaron los motivos por los que un ciudadano particular y estos siete funcionarios públicos serán imputados por el delito de consorcio de jueces, abogados, policías y fiscales, previsto en el artículo 174 del Código Penal boliviano.

En cuanto a los policías, ellos serán investigados por “hacer desaparecer” y alterar pruebas vitales que incriminaban a Jhasmany T.L. y a sus cómplices.

El 7 de junio de 2018, luego de que un mecánico fuera secuestrado y torturado para obligarlo a firmar el documento de una falsa devolución de 20.000 dólares, de su anticrético, la fiscal asignada a la investigación de ese caso, Faridy Arnez, lideró un allanamiento a las oficinas de la consultora Leclere y Asociados para secuestrar documentación, computadoras y memorias externas o discos duros.

VIDEOS PELIGROSOS Durante el operativo, Jhasmany T.L. se mostró nervioso y se desesperó cuando le secuestraron las computadoras, pendrives y discos duros externos. Extraoficialmente, en el mundo judicial se comenta que el abogado guardaba allí al menos un centenar de videos de jueces, fiscales y policías “en situaciones comprometedoras”, con los que les extorsionaba para lograr fallos, informes y operativos que favorezcan sus casos.

Computadoras, pendrives y tres memorias externas de tres teras fueron secuestrados y entregados al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas Policiales (IITCUP) para que sean resguardados hasta que todos los implicados en la organización sean detenidos y sean abiertos en presencia de sus abogados.

Sin embargo, dos policías responsables de la custodia de estas pruebas (teniente Carlos Pacheco y subteniente Hugo Maldonado) intercambiaron las tres teras de memorias externas y las reemplazaron por otras. El sargento Jorge Armando Torrico Torrico sería el contacto entre los dos oficiales y Jhasmany T.L. El sargento Adolfo Sanabria, del Laboratorio de la fuerza anticrimen de Quillacollo, es sospechoso de modificar, alterar y borrar parte de la información de otros soportes digitales secuestrados, favoreciendo así a Jhasmany T.L.

En el caso del fiscal de materia Óscar Mauricio Olivares, las primeras pesquisas establecieron que dirigió las investigaciones de varios casos cuyos abogados patrocinantes eran Jhasmany T.L. y Wilder G.

Pese a que sabía que su hijo Sergio Mauricio O.A. trabajaba en el bufete de Jhasmany, el fiscal Óscar Olivares no se excusó; más bien les asesoraba y les daba información a través de su hijo, incluso de casos que se están revisando ahora. Olivares era fiscal de las corporativas de áreas patrimoniales y propiedades.

En cuanto a los vocales, Anawela Torrez Poquechoque y Nelson Pereira, existen audios y videos que prueban los nexos de estas autoridades con Jhasmany T.L.

El bufete hacía pagos a estos vocales para que sus resoluciones salieran favorables a sus defendidos. El abogado se refería a Anawella y a su esposo Clever como “tíos”. La relación de parentesco aún está siendo investigada. Ayer fueron allanadas las Salas Penales 2 y 3 del Tribunal de Justicia de Cochabamba.

COMISIÓN El Fiscal Departamental, Juan de la Cruz Vargas, anunció que se ha decidido conformar una gran comisión para fortalecer las investigaciones en el caso consorcio y, para ello, este lunes 21 de enero llegarán fiscales superiores de Sucre que coadyuvarán en desterrar la corrupción detectada en este caso, sin ningún tipo de privilegios y sin proteger a ningún imputado.

Caso Adriázola, injusto fallo hecho por el abogado
De la revisión de la documentación y los soportes digitales encontrados en la casa y oficina de Jhasmany T.L. se pudo establecer que este abogado redactaba desde informes policiales, entrevistas a testigos hasta fundamentaciones para fiscales; resoluciones para jueces y respuestas de apelaciones para vocales.

Para muestra un botón. Las investigaciones detectaron, por ejemplo, que el abogado redactó la resolución que anula la sentencia de 30 años contra Omar Adriázola Bustamante y su exnovia Alejandra Doriana Saavedra Barroso, hallados culpables en juicio del doble asesinato de las hermanas Peggy y Gloria Adriázola, crímenes ocurridos el 14 de mayo de 2015. Jhasmany T.L. era el abogado de Alejandra Saavedra y, luego de la sentencia, interpuso una apelación restringida que fue admitida por los vocales Anawella Torrez y Nelson Pereira. Estas autoridades anularon la condena de Omar argumentando que hubo “un error de transcripción en una palabra del fallo” y la pareja debía ser sometida a un nuevo juicio, con todos los gastos que eso implica.

En la oficina de Jhasmany T.L. se halló pruebas de que él redactó esa resolución y de que los vocales solamente cambiaron el tipo de letra y un párrafo. Todo lo demás, incluidos los errores de typeo, se repiten en la resolución presentada por los vocales.

Consultado sobre qué pasará, ahora que se sabe que este consorcio anuló injustamente una sentencia por ese doble crimen, el Fiscal Departamental dijo que es necesario un análisis profundo. “Como Ministerio Público activaremos las acciones jurídicas necesarias. Es un caso no cerrado”.
Fuente: Opinion.

Vea También

En el Chapare destruyen dos megalaboratorios de droga y en Santa Cruz allanan mansión del caso narcoavioneta

Ambos tenían una capacidad de producción de entre 50 a 100 kilos de cocaína por …