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ENTEL no aclara contrataciones de firmas de seguridad sin licencia

La estatal anunció proceso penal contra el periodista Peñaranda, quien desveló el caso. Por ley, los contratantes deben exigir licencia a empresas de seguridad.

La sede de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones ENTEL en La Paz. Foto:Archivo / Página Siete
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA. respondió con el anuncio de un juicio penal al periodista Raúl Peñaranda a la publicación de que las licitaciones que lanza la estatal para compañías de seguridad no incluyen el requisito de licencia de funcionamiento; no obstante, aún no aclara la situación de sus contrataciones en el rubro. Página Siete solicitó información sobre el tema a ENTEL hace siete días y aún no obtiene respuesta.

El 21 de diciembre, el portal Brújula Digital, dirigido por Peñaranda, publicó una nota referida a la modalidad de contratación de empresas de seguridad que lleva adelante ENTEL. Esa información estableció que en diferentes licitaciones la telefónica no incluyó el requisito de licencia de funcionamiento para las compañías de seguridad que pugnen por brindar servicios o equipos, tal como establece la norma.

Licitaciones de ENTEL

En el apartado de Contrataciones de la página oficial de ENTEL SA figuran varias convocatorias destinadas a empresas de seguridad. La última, publicada el 18 de octubre de 2018, “Cotización Simple N° 163/2018” requiere sistemas electrónicos de seguridad (de videovigilancia y detección de incendios), para los ambientes del Almacén Técnico de ENTEL en El Alto.

La licitación pública N° 084/2018 “Ampliación y Actualización del sistema de videovigilancia”, emitida en septiembre de 2018, solicita una veintena de cámaras y otros equipos.

En ambas convocatorias se solicita una serie de requisitos a las empresas de seguridad postulantes; pero no la licencia de funcionamiento, pese a la vigencia de la Ley 264 y la Resolución Ministerial No 021B/2013.

Desde septiembre de 2013, rige en Bolivia el “Reglamento Operativo para las Empresas Privadas de Vigilancia” en el marco de la Ley Nacional 264 de Seguridad Ciudadana. La norma, que regula los servicios de seguridad privada, estipula que cada una de las firmas de este rubro debe contar con licencia y autorización de funcionamiento.

En sus artículos 29 y 30, el reglamento señala que los contratantes deben verificar que las empresas de seguridad por cuyos servicios paguen sean legales. La contratación de empresas ilegales “será pasible a una sanción pecuniaria por la mitad del monto establecido en la boleta de garantía para el tipo de empresa contratada a una cuenta fiscal a favor de la Policía”.

El artículo 29 de la Resolución No 021 B/ 2013 estipula que las empresas públicas o privadas contratantes deberán verificar la siguiente documentación: Resolución de autorización de funcionamiento, Licencia de funcionamiento, Publicación de prensa.

“La norma está vigente y es obligación de empresas de seguridad legalizarse y de las empresas contratantes exigir licencias de funcionamiento a quienes contraten. Es un tema de seguridad”, sostuvo Alfredo Vargas, jefe del Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev).

Según datos de esta unidad policial, hasta 2017 en La Paz más del 80% de empresas de seguridad no tenían licencia. Vargas aseguró que en los últimos meses varias se han legalizado y adelantó que la lista actualizada de las empresas de seguridad legales se emitirá la siguiente semana.

Dueños de empresas de seguridad legales coinciden en que, aunque lentamente, el cumplimiento de la norma regulariza el sector. “Trabajamos en un área de alta responsabilidad que nos exige mantener equipo calificado de alto nivel. Los que trabajamos en la legalidad enfrentamos la competencia desleal de los ilegales”, sostuvo Luis Camberos, gerente de G4S.

“Con la norma, desde 2013 se ordena el rubro; el control ha mejorado pero aún falta difusión. Aunque hay buena disposición de la Policía y conciencia de las empresas, aunque falta responsabilidad en los contratadores de dar trabajo a las empresas legales”, aseguró Pablo Camacho, de Protel.

Las demandas de ENTEL

Ante la publicación sobre las licitaciones de Brújula Digital, el gerente nacional de administración y finanzas de ENTEL, José Arturo Molina, envió al director del portal digital una carta en la que le dio 24 horas para “retractarse” advirtiéndole con un proceso penal si no lo hacía.

“La nota periodística constituye una acusación infundada y la misma tiene ribetes de ilícitos penales, ya que nadie puede acusar públicamente sin tener una información objetiva, idónea, precisa y concreta”, dice la misiva.

En Bolivia rige la Ley de Imprenta, por lo que el anuncio del proceso levantó una serie de reclamos de entidades periodísticas nacionales e internacionales. Peñaranda ratificó el contenido de su artículo, “que está adecuadamente sustentado”, informó.

Días después, la estatal confirmó el proceso “por las mentiras y daño a la imagen de la empresa”. Aclaró que está dirigido contra una persona y no contra la Libertad de Expresión ni de Prensa.

No es la primera vez que ENTEL inicia procesos ante publicaciones o denuncias sin aclarar los los casos, aseguró el analista Diego Ayo, hasta hace un mes director de la Fundación Vicente Pazos Kanki. “El modus operandi de ENTEL se basa en el amedrentamiento”, sostuvo.

El septiembre la Fundación Pazos Kanki publicó el libro Entel botín de guerra del MAS. La investigación denuncia varias irregularidades de la empresa estatal a partir de su cúpula dirigencial, irregularidades en contrataciones por supuestos nexos con la china Huawei y el escándalo de las tarjetas clonadas.

Según informa Ayo, a los días de la publicación recibió una carta notariada del departamento legal de ENTEL dándole 24 horas para retirar en formato físico o digital la publicación; caso contrario se iniciaría un juicio contra la Fundación.

La empresa en esa carta negaba las acusaciones y sostenía que los denunciantes en todos los casos recopilados -desde empresarios hasta dirigentes sindicales- habían sido procesados y se habían retractado.

“En lugar de aclarar, de debatir, ENTEL, siendo empresa pública, recurre a la intimidación, en lo que es una franca afrenta a los derechos constitucionales y a la libertad de expresión. Es el mismo modus operandi que sigue en el caso contra Raúl Peñaranda”, sostiene Ayo.

“Funciona como privada”

“ENTEL, como otras 12 empresas estratégicas, funciona como privada pese a ser estatal. Esto impide su fiscalización”, asegura el senador y candidato por Demócratas, Oscar Ortiz.

“Esta situación posibilita a los máximos ejecutivos de 13 empresas actuar al margen de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), a no regirse en normas de contratación de bienes y servicios del sector público y no tener límites salariales como los de sus demás funcionarios”, añadió el senador que expuso esta situación en conferencia en octubre.

“¿Cuál es el problema de que estas empresas sigan funcionando como sociedades anónimas?, Que se escudan en su condición de sociedades anónimas, que es una figura del Código de Comercio para las empresas privadas, y por ejemplo, no regirse por las normas de contratación de bienes y servicios del sector público, sino que contratan directamente como empresas privadas”, señaló el asambleísta.

Acceso a la información

Página Siete solicitó a ENTEL información sobre las licitaciones mediante carta enviada el lunes 7 y reiteradas llamadas. Hasta el momento no obtiene respuesta.

El viernes, Brújula Digital informó que ENTEL no respondió a su pedido presentado hace dos semanas para lograr una entrevista con algún ejecutivo .

“Los ejecutivos de ENTEL, incluyendo su presidente, solamente hacen declaraciones mediante discursos o alocuciones en eventos públicos, como seminarios, inauguraciones, etc. En esas ocasiones, no aceptan responder a preguntas de los periodistas. Por lo tanto, deseo solicitar una entrevista con el presidente de la compañía…”, argumenta su solicitud.

Carta, llamadas y ENTEL no responde

El lunes 7 de enero, Página Siete envió una carta a la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas de ENTEL solicitando información sobre licitaciones para firmas de seguridad en particular y sobre contrataciones en general. La misiva pedía además una entrevista con autoridades de la estatal.

Al día siguiente, este medio se contactó con personal de esa Gerencia y de Comunicación, que pidieron volver a llamar. El miércoles, informaron que la carta estaba en el departamento legal.

La gerente de ENTEL Dinámica se comprometió a hacer un seguimiento; no obstante, adelantó que el gerente de ENTEL “no tenía entre sus posibilidades dar entrevistas”. El jueves prometieron entregar la respuesta al día siguiente.
El viernes un poco amable “ya se le comunicará si hay” fue la respuesta. Y ésta aún no llega.

El DS 28168, vigente en Bolivia, establece la obligatoriedad que tiene toda entidad pública “de entregar la información solicitada de manera completa, adecuada, oportuna y veraz que solicite cualquier persona sin discriminación alguna”.

Denuncias sobre irregularidades

Fibra óptica En septiembre de 2017, el diputado Wilson Santamaría (UD) reveló un informe de la subgerente de Ética y Transparencia de ENTEL que advierte de “irregularidades” en el proceso de adjudicación de cable fibra óptica.
Adjudicaciones En septiembre de 2017, el empresario francés-israelí David Cabessa denunció al presidente de ENTEL, Óscar Coca, por favorecer irregularmente a una compañía china. Según la estatal, Cabessa se retractó; no hay publicaciones de ello.
Directivos Los principales directivos del sindicato de ENTEL acusaron a Coca de tráfico de influencias. El ejecutivo fue procesado y acusado de fraude por el escándalo de las trajetas clonadas.
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Fuente: Pagina Siete.

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