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FISCALÍA DENUNCIA A AUTORIDADES JURISDICCIONALES EN LA LLAJTA Magistratura verifica demora de jueces en atender caso Jhasmany

El último caso abierto contra el abogado, por organización criminal, torturas y otros delitos, debía ser canalizado con celeridad porque era “urgente y delicado”, pero, no ocurrió así.

EL ASESOR LEGAL JOHNNY ROCHA, LA REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, DELINA ZURITA; Y JUAN PABLO VALENCIA, DE LA UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.  OPINIÓN
El Consejo de la Magistratura constató que algunos jueces de Cochabamba se “demoraron” en atender el caso del padrastro del abogado Jhasmany T.L., pese a que el mismo era “delicado”, tenía carácter de urgencia y era considerado “de relevancia social”. Por ello, inició una investigación a los jueces que intervinieron en el caso e instruyó el seguimiento de los dos casos por los que Jhasmany ya ha sido imputado por la Fiscalía.

El jurista es investigado, junto a otros integrantes de su bufete, primero por un presunto secuestro, lesiones graves y gravísimas en contra de un mecánico al que obligaron a firmar la devolución de un anticrético, cuando en realidad no le dieron su dinero. También es investigado por torturas, vejaciones, privación de libertad y organización criminal, delitos supuestamente cometidos contra su padrastro y la esposa del este, para obligarle a firmar documentos y apropiarse de una camioneta y de una casa.

Por razones de proteccion a las víctimas, que aseguraron que fueron amenazadas de muerte y violación, si se atrevían a denunciar, la Fiscalía solicitó que el caso se declare en reserva y se emita una orden para allanar la vivienda del abogado.

Sin embargo, los jueces que intervinieron se “tiraban la bolita y no querían saber del caso. Tenían que dar respuesta en 24 horas”, según las víctimas. En primera instancia, la solicitud fue presentada el 15 de octubre ante el juez de la EPI Norte Fernando Pérez, quien lo remitió al juzgado siguiente en número que era el Tribunal de Instrucción Cautelar 1, cuya titular es Sandra Parra.

Esta última tampoco dio curso a declarar la reserva ni emitía la orden de allanamiento. Lo devolvió a Pérez de inmediato observando el procedimiento y elevando en consulta a Sala. Empero, este se excusó y se lo remitió de nuevo. Parra debía resolverlo en 24 horas, pero se demoró más y finalmente decretó la reserva del caso, pero rechazó el allanamiento.

Recién el 22 de octubre respondió que el caso volvía a manos de Fernando Pérez porque la Sala había declarado inviable su excusa. Así, el expediente, que debía mantenerse en reserva, viajó de un juzgado al otro. El juez Fernando Pérez dio curso al petitorio de la Fiscalía. Se allanó la casa y se aprehendió al abogado.

La audiencia cautelar fue fijada para las 15:00 del 24 de octubre, pero, el juez Fernando Pérez presentó una baja médica de tres días, otorgada por un especialista de la Caja Nacional de Salud, y el caso tuvo que retornar al Tribunal de Instrucción Cautelar de Sandra Parra.

La jueza, esta vez, solicitó permiso a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia para utilizar sus dos horas institucionales en el período que debía atender la audiencia de Jhasmany T.L.

PESQUISA La representante distrital del Consejo de la Magistratura, Delina Zurita; el jefe de la Unidad de Control y Fiscalización, Juan Pablo Valencia; además del jefe de Asesoría Legal, Johnny Rocha, anunciaron ayer que se abrió una investigación para verificar, sin injerencia, si estos jueces han obrado conforme al reglamento y a las disposiciones legales que rigen el funcionamiento del sistema judicial.

“Lo objetivo acá es que sí hubo demora en atender un caso urgente. Lo que ha hecho la Unidad de Control es solicitar informes y las fotocopias íntegras del expediente del caso del padrastro del abogado, para constatar si las autoridades se han enmarcado en los plazos y parámetros establecidos en la ley. “Y si las decisiones que han asumido para generar estas remisiones exageradas están de acuerdo a norma”.

Los entrevistados detallaron que ya solicitaron documentación de los trámites administrativos, “para ver si estos no se han dado como un mecanismo para eludir una responsabilidad que sí tienen los jueces”. Se revisarán las fechas en las que se presentaron las excusas, solicitudes de permiso e inclusive se verificará las bajas médicas otorgadas en la Caja Nacional de Salud.

“No vamos a presentar denuncias sin respaldo, ni vamos a anticiparnos. Queremos ver si existen las anormalidades denunciadas por la Fiscalía, para asumir las acciones que correspondan, pero, si todo está enmarcado en la norma, haremos el seguimiento de los casos del mecánico y del padrastro hasta el fin”, dijo Johnny Rocha.

2 Casos

procesos penales existen en contra del abogado Jhasmany T.L., uno por torturas y lesiones graves y gravísimas contra un mecánico. El segundo, por torturas, vejaciones, coacción y organización criminal en contra de su padrastro y la familia de este.

Piden suspender custodios
Las víctimas de los dos casos abiertos en contra del abogado Jhasmany T.L. se enteraron de que la Policía solicitó al juzgado el retiro de los custodios asignados a la casa del detenido. Incluso les dijeron que los policías ya se habían retirado por varias horas ayer. El mecánico entró en pánico y advirtió que, si le pasa algo, a él o a su familia, la Policía será la responsable.

Este diario habló con el comandante departamental de la Policía, coronel Vladimir Pol, y negó que los efectivos hayan sido retirados. “Sí se presentó la solicitud para suspender custodios porque no tenemos personal suficiente. Tenemos 179 detenciones domiciliarias que cubrir, y eso perjudica la atención de seguridad ciudadana, pero yo no he ordenado que se vayan los custodios”. Según Pol, se podría optar por una custodia esporádica, pues el detenido está recién operado. Sin embargo, se conoce que el juzgado ya rechazó la solicitud de la Policía.

Fuente: Opinion.

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