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Procurador General: Estado pagó $us 800 millones en 14 procesos internacionales

LOS PROCESOS DE NACIONALIZACIÓN LE COSTARON AL ESTADO CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES.
El Estado boliviano cerró 14 casos por la nacionalización y reversión de empresas internacionales, en todos ellos se llevó negociaciones donde se pagó aproximadamente 800 millones de dólares, informó ayer el procurador general del Estado, Pablo Menacho. Uno de los últimos procesos fue el resarcimiento a la empresa chilena Non Metallic Quiborax.

Menacho señaló que el total de los procesos se debió pagar un monto inicial de 3.100 millones de dólares, pero el Gobierno tuvo que negociar y redujo ese pago en un 80 por ciento que equivale a 2.300 millones de dólares.

“Hemos cerrado 14 casos y en estos se ha seguido una lógica de negociación y de defensa del Estado boliviano, se ha logrado bajar de una manera sumamente importante todos los montos que se han demandado contra el Estado de Bolivia (…) es el 80 por ciento que se traduce alrededor de 2.300 millones de dólares y hasta la fecha se pagó aproximadamente 800 millones de dólares”, dijo Menacho.

PROCESOS

La memoria institucional de la Procuraduría General del Estado detalla los arbitrajes internacionales de seis casos. El primero fue interpuesto por la empresa South American Silver Limited por la reversión de 170 hectáreas de la concesión minera de “Mallku Khota” en el que demanda una compensación de 385.7 millones de dólares.

Al momento las actuaciones procesales han concluido y se espera que el Laudo definitivo sea emitido por el Tribunal Arbitral.

En un segundo caso es de la empresa Glencore Finance (Bermuda) Limited por la reversión del Complejo Metalúrgico Vinto – Estaño, mediante Decreto Supremo 29026 de 7 de febrero de 2007. El 15 de agosto del 2017, Glencore demandó un resarcimiento de $us 675.700.000, el 17 de diciembre Bolivia presentó un memorial objetando esta petición.

El tercer proceso de arbitraje fue presentado el 1 de mayo de 1999, por BP Global Investments Limited, BP International Limited y BP Asia Pacific Holdings (Air BP-ABBSA), porque el estado boliviano nacionalizó, por razones de utilidad pública, la totalidad del paquete accionario de Air BP Bolivia S.A. (ABBSA).

El 19 de mayo de esa misma gestión las empresas notificaron al Estado boliviano con el inicio de una controversia. Sin embargo, el proceso se encuentra en el reinicio de las conversaciones entre ambas partes.

PENSIONES

El cuarto arbitraje fue instaurado por el Banco Bilbao Vizcaya S.A. se adjudicó la licitación y constituyó la sociedad BBVA Previsión AFP S.A. encargada del servicio de pensiones. Pero la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010 estableció que la administración del Sistema Integral de Pensiones pase a la Gestora Pública.

BBVA Previsión notificó al Estado boliviano sobre la existencia de una supuesta controversia mediante nota de 3 de mayo de 2017, A la fecha, se han llevado a cabo reuniones institucionales con la finalidad de plantear estrategias y lineamientos para la defensa legal del Estado.

El 3 de marzo del 2014, la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB) notificó a Bolivia con un arbitraje internacional en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por el resarcimiento de contrato con la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).

QUIBORAX

El 24 de mayo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió un fallo contra Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obligó pagar 42.6 millones de dólares a la firma chilena Quiborax por la reversión, en el gobierno de Carlos Mesa, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.

Sobre este punto el ministro de Economía, Mario Guillén manifestó que el pago de estos recursos afectará a la ejecución de proyectos en el país, puesto que no se tenía previsto la erogación de esos recursos.

El gobierno presentó una proposición acusatoria a la Fiscalía General del Estado para el inicio de un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa, ya que incumplió con el procedimiento de la Ley 2564 de la reversión de las concesiones mineras de la firma chilena.

El exdignatario sostiene que el actual Gobierno es el responsable del pago de esos recursos, puesto que no se hizo una defensa adecuada durante el laudo, por lo que presentó una querella contra cuatro servidores públicos.

INFORMES

Según informe del diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría, el Estado todavía enfrenta al menos 12 arbitrajes internacionales verificados en la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio Internacional de París y ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi)

Al respecto, el legislador emitió un informe escrito al Procurador para que responda y explique cómo enfrenta el Estado estos casos.
Fuente: El Diario.

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