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Goni gana el juicio en EEUU y víctimas anuncian apelación

La defensa de las víctimas de 2003 tiene la posibilidad de apelar la decisión del juez Cohn. Sánchez de Lozada sostiene que el veredicto prueba que no es responsable.

Sánchez de Lozada ingresa junto a sus abogados y familiares al Tribunal de EEUU, en marzo. Foto:AFP
Beatriz Layme  / La PazÂ

Por falta de evidencias, el juez James Cohn, de la Corte Federal de Fort Lauderdale  de EEUU, revirtió  el veredicto del jurado que halló al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez Berzaín responsables de las “muertes extrajudiciales” de Octubre de 2003.

“Los demandantes no presentaron ninguna evidencia apoyando esta acusación crítica. Y la evidencia que los demandantes sí presentaron es legalmente insuficiente para apoyar el veredicto del jurado dictado a su favor”, se lee en el documento  de 26 páginas que  emitió ayer el juez Cohn.

Con esa decisión, el juez norteamericano también dejó sin efecto el pago de 10 millones de dólares de compensación para los familiares de las víctimas de la denominada masacre de octubre de 2003.Â

El 3 de abril, el jurado ciudadano -después de seis días de deliberación- halló a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín responsables de las “muertes extrajudiciales” de Octubre Negro.Â

 Frente a esa situación, la defensa de las exautoridades apelaron el veredicto. Inicialmente, los primeros días del juicio (en marzo) interpusieron una acción, la moción amparada en la Regla 50, en la que cuestionaron la evidencia presentada contra el  exmandatario  boliviano.

La Regla 50 establece que un tribunal de primera instancia puede anular la decisión de un jurado si considera que no tuvo una base probatoria legalmente suficiente para decidir la responsabilidad de los demandados, que fue lo que pasó ayer, reportó la agencia EFE.

El juez explica -según el documento- que “a lo sumo la evidencia, en estos casos, respalda la inferencia de que los demandados respondieron a los disturbios civiles en su país con mano dura y que algunos no identificados miembros del ejército boliviano dispararon contra civiles por razones desconocidas. Pero eso es insuficiente para imponer responsabilidad de TVPA a estos demandados”.

 El juicio civil, considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés), que autoriza demandas en tribunales federales de Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales.

La defensa de las víctimas argumentó -ante el juez- Â que “es inapropiado señalar piezas individuales de evidencia y sugieren que, de forma aislada, cada pieza no puede respaldar el veredicto”.

A eso, Â el juez sostuvo que “la totalidad de la evidencia no respalda un criterio razonable”.

Durante el juicio civil, la defensa de los familiares de las víctimas de 2003 presentaron varios testigos para apuntalar su argumento de que hubo un asesinato extrajudicial y los responsables de ello eran las exautoridades.

Asimismo, exhibieron ante los jueces las declaraciones  que se atribuyó a Sánchez  Berzaín, del año 2000, cuando habría dicho  que “matarían 50, 100, 1.000” personas.

A ello, el juez Cohn sostiene que  “el primer problema con este argumento es que, como se discutió anteriormente, no hay evidencia de  la campaña militar que los demandantes afirman”.

Agrega que “la intención de los demandados de lanzar esta ‘campaña’, o su conocimiento o respaldo de la  , es irrelevante” y que el “testimonio del señor  (Víctor Hugo) Canelas sobre el comentario del demandado Sánchez Berzaín en 2000 no altera  esta conclusión”.

La defensa de los familiares de las víctimas tiene la posibilidad de apelar la decisión.Â

“No se trata de un juicio por dinero, éste es un juicio por justicia”, declaró en una anterior oportunidad Thomas Becker, abogado de las víctimas.Â

Postura de Goni

“Con la decisión del juez concluye el juicio sobre los difíciles y lamentables eventos de septiembre y octubre de 2003 que interrumpieron la democracia en Bolivia. El dictamen final del juez comprobó que mi gobierno actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie”, señaló en un comunicado  el expresidente Sánchez de Lozada, quien en 2003 huyó a Estados Unidos.

 En criterio de Sánchez de Lozada, el veredicto del juez Cohn se dio después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos revisando la evidencia presentada.

“La evidencia demostró que el gobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, mientras que muchos buscaban destruir la democracia”, agregó Sánchez de Lozada en su comunicado.

Mauricio Balcázar, quien fue ministro de Comunicación en el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), señaló ayer que el hecho de que hubiera “muchas muertes no es evidencia de que hubiera un plan oficial para matar civiles”, reportó Â EFE.

En ese marco, Balcázar consideró que este fallo significa que finalmente se va a “desestimar” la decisión del jurado y que no hay “responsabilidad” de las exautoridades.Â
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Detalles del  juicio

Norma  El juicio civil, considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés), que autoriza demandas en tribunales de EEUU por ejecuciones extrajudiciales.
Testimonio  La declaración de Etelvina Ramos Mamani, primer testigo de la parte acusadora,  conmovió en la Corte  Federal de Fort Lauderdale, en el sur de Florida (EEUU). El relato incluso impresionó a los abogados del expresidente, quienes se abstuvieron de interrogarla.
Acusación  Las exautoridades acusaron a  Felipe Quispe y a Evo Morales por las movilizaciones de 2003.
Fuente: Pagina Siete.

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