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Nivel central tiene la ejecución menos eficiente del año 2017

Expertos atribuyen baja ejecución a la ineficiencia de estatales y una exautoridad dijo que hubo “flojeritis” en la inversión. Las gobernaciones alcanzaron un 82,2%.

Lidia Mamani /La Paz

En 2017, el nivel central del Estado apenas alcanzó una ejecución presupuestaria de 75,8%, mientras que las gobernaciones tuvieron la mayor eficiencia con un 82,2%, seguido de los municipios 77,1%, según datos del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), analizados por los expertos en descentralización Julio Linares y Jimmy Osorio.

“Los gobiernos subnacionales ejecutan mejor que el gobierno central porque cada vez tienen menos dinero, cada vez se centralizan las competencias para el Estado y se destinan mayores recursos para las empresas públicas, pero éstas tienen dificultades”, explicó Linares.

Además, las gobernaciones en general tienen una mejora porque ya están en su tercer año de gestión, con mayor experiencia y porque manejan menos recursos debido a la disminución de ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que les obliga a ser más eficientes con sus saldos.

Según Linares, la baja ejecución del Gobierno central, que abarca a ministerios, entidades descentralizadas y empresas, se debe precisamente a la “ineficiencia” de estas últimas que no tienen capacidad de ejecución. Este nivel del Estado administra el 80% del presupuesto.

También influye que 2017 no fue un año electoral, aspecto que suele dinamizar la actividad y el gasto de las entidades estatales.

En criterio de Linares, para mejorar la eficiencia urge reencauzar el diálogo del Pacto Fiscal que permitirá la descentralización de los recursos.

También se debe evaluar la gestión de las empresas estatales que tienen problemas en generar utilidades.

Presupuesto y gasto

Los datos del SIGMA revelan que de los 12.604 millones de bolivianos del presupuesto, las gobernaciones lograron ejecutar 10.432 millones de bolivianos, es decir el 82,8%, el monto no incluye a las empresas que están en la región.

La región que tuvo mayor eficiencia fue la de La Paz, que alcanzó el 93% (ver gráfica).

En el caso del Gobierno central, en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2017 se le asignó 242.012 millones de bolivianos y la ejecución alcanzó 75,8%.

Para las 339 alcaldías el año pasado se presupuestó 26.848 millones de bolivianos, de los cuales se gastó el 77,1%. Los municipios con mejor ejecución fueron los de Trinidad, que registró el 92,1%, y La Paz, 90,7%.

“Se observa en general una mejor ejecución de los niveles subnacionales respecto al Gobierno central. Siendo la Gobernación paceña y la Alcaldía de Trinidad los que cuentan con mejor rendimiento en 2017”, destacan los datos analizados por los dos investigadores.

En el reporte se observa que la ejecución presupuestaria alcanzada por el Gobierno central fue mínima en general, ya que registra 78,9% en 2015, disminuye a 68,2% en 2016 y el año pasado 77,1%.

Estos bajos niveles se dan tanto a nivel de gasto como de inversión pública.

Al respecto, autoridades de Gobierno reconocieron que en 2017 no se pudo superar ni el 80% de ejecución debido a que algunos proyectos fueron paralizados, entre ellos la hidroeléctrica Rositas y la Planta de Propileno y Polipropileno que se había adjudicado la italiana Tecnimont.

Crítica

El pasado 29 de marzo, Luis Arce, exministro de Economía y Finanzas, afirmó que en 2017 hubo “flojeritis” en las instituciones públicas, hecho que se reflejó en la baja ejecución de la inversión pública y repercutió en el crecimiento económico, que estuvo por debajo de la meta programada.

“Hubo ‘flojeritis’ porque el año pasado se tuvo la inversión pública más baja, con relación a otras gestiones, lo que debe cambiar. Creo que ahí hay que hacer correcciones y ajustes, y empezar a invertir lo que no invirtieron el año pasado”, sostuvo.

La exautoridad se mostró confiado en que este año no existirán problemas si es que se hacen “correcciones y ajustes” y si las instituciones públicas empiezan a invertir los recursos del año pasado y lo que tienen fijado para esta gestión.

Para este 2018 se calcula un crecimiento económico del 4,7%. Para Arce, llegar a la meta dependerá del avance en la inversión pública durante el primer y segundo trimestre.

Este año, el Ministerio de Economía programó una inversión pública de 7.285 millones de dólares, que incluye las empresas estatales.

A fines del año pasado las autoridades anunciaron que se harán ajustes en todas las entidades del sector público para acelerar el ritmo de inversión en el presente año.

Punto de vista
José Luis Parada Gobernación de Santa Cruz

“Falta fiscalizar a las empresas”

La ejecución de presupuesto de las gobernaciones es más eficiente, a pesar de las trabas burocráticas del centralismo y la confiscación discrecional de recursos de los departamentos para financiar y subvencionar al Tesoro General del Estado.

La ejecución alcanza al 99,55% del presupuesto programado y un 83% del presupuesto vigente, muy superior al de las empresas públicas y se basa en una gestión transparente, que empieza por una formulación de los planes operativos anuales, proyectos con estudios a diseño final e ingresos reales y no en fuentes financieras internas, discrecionalidad del nivel central y megaproyectos de dudosa rentabilidad. Es fundamental que los recursos sean administrados por autoridades electas y no por funcionarios elegidos por favoritismo, que afecta el desarrollo económico del país y prioriza proyectos políticos y no de impacto.

Para el nivel central, con sus empresas, las inversiones no han sido una prioridad básica y el gasto y la administración de los recursos no fue efectivo y beneficioso en proyectos de inversión que generen rentabilidad. La razón está en el uso de criterios políticos de interés del partido de turno, con escasa fiscalización y porque se dejó de lado la normativa de licitaciones públicas.

Otra de las causas puede ser un sistema de formulación del presupuesto muy flexible para las empresas, que permiten inflar el gasto con fuentes financieras inexistentes y una falta de fiscalización de organismos competentes, como la Contraloría o la Asamblea Legislativa.

Existen muchos proyectos que ejecutan las empresas estatales con recursos del BCB que han tenido problemas.
Fuente: Pagina Siete.

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