
“La Policía no ha podido administrar cárceles, no puede administrar cárceles, no podrá administrar cárceles, tiene sus años o sus días contados en cárceles, deben irse de las cárceles porque el personal civil tiene que asumir esta responsabilidad: psicólogos, médicos, trabajadores sociales”, remarcó.
Recordó que antes los recintos penitenciarios en el país eran administrados por civiles y había más control y no se escuchaba de muertes y violaciones.
“Yo conozco (la cárcel de) San Pedro cuando no había personal policial, cuando ahí no entraban las esposas, cuando los niños estaban poco tiempo y después tenían que salir, cuando no había drogas y cuando no había alcohol, pero cuando la Policía se hace cargo de esto empieza toda la corrupción”, apuntó.
Los últimos hechos de violencia contra menores de edad ocurridos en el país en pasados días obligaron al Gobierno a intervenir como querellante en los casos de infanticidio en El Alto, pornografía infantil en Santa Cruz, la muerte y presunta violación del bebé Alexander y el presunto abuso sexual de una adolescente.
Dos casos consternaron especialmente a la población boliviana: la violación a una niña de ocho años en Palmasola y la muerte de una bebé de dos años golpeada por su padre que fue sentenciado a 30 años de prisión.
La investigación preliminar del caso de abuso sexual a la niña de ocho años en Santa Cruz, donde sus verdugos fueron su madre, ya muerta, y un reo que cumple una condena de 11 años por violación, establece que el video fue grabado dentro de Palmasola.
La situación nuevamente trajo a la mesa del debate la inexistencia de controles efectivos dentro del penal cruceño que alberga a más del 40% de la población de internos de todo el país.
Según explicó la niña, el escenario del vejamen fue una de las habitaciones del régimen abierto del penal, sector conocido como el PC-4, donde la seguridad interna es manejada por los mismos reclusos, extremo que se corroboró la semana pasada cuando estos “agentes”, recluidos por cometer algún ilícito, confiscaron el teléfono celular donde se encontró el video.
En medio de reuniones de coordinación y rumores de un motín carcelario, el viernes se conoció que 34 de los cerca de 60 niños que viven en el penal cruceño junto a sus padres en el PC-4, conocido también como régimen abierto, dejaron el reclusorio en cumplimiento a la disposición asumida el miércoles por las juezas de la Niñez y Adolescencia y por la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario.
El director departamental de Régimen Penitenciario, Iver Melgarejo, explicó que luego de las disposiciones asumidas en torno a la presencia de niños en la cárcel, el miércoles los padres de familia de 20 niños tomaron la determinación de retirarlos; asimismo a otros cuatro menores les prohibieron el ingreso al centro, después que salieran para asistir a clases.
Según informes del área social había unos 60 menores viviendo con sus padres en la cárcel, no obstante hasta el miércoles hablaban de entre 30 y más de 70 niños viviendo en el penal.
Víctor Hugo Escobar Orellana, regente de los reclusos del régimen abierto, dijo que les hizo daño el caso de abuso sexual, que volvió a visibilizar el ingreso de menores al penal. El hombre, que cumple condena por un asesinato, remarcó que ese hecho fue descubierto por ellos.
Fuente: Correo del Sur.