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Las organizaciones secesionistas convocantes han alentado a la gente a portar máscaras de Puigdemont.
Cataluña vive una nueva jornada de alta tensión política este martes, ante la voluntad de los independentistas de investir como presidente regional a Carles Puigdemont, pese a las barreras judiciales y la férrea oposición del gobierno de España.
La única candidatura es la de Puigdemont, el presidente catalán destituido por el Gobierno central a fines de octubre.
Ésta será debatida en el Parlamento regional a partir de las 15h00 (14h00 GMT) bajo fuertes medidas de seguridad.
Los partidarios de los independentistas están llamados a manifestarse en el centro de Barcelona y luego en los alrededores de la cámara.
Las organizaciones secesionistas convocantes han alentado a la gente a portar máscaras de Puigdemont, con la intención de llenar las calles con la cara de su líder.
Lo que se desconoce es si el verdadero Puigdemont, instalado en Bélgica, se encontrará en la capital catalana para atender personalmente la sesión de investidura, arriesgándose a ser detenido bajo imputación de rebelión y sedición.
La cámara se reunirá pese a un dictamen emitido el sábado tras una reunión de urgencia por el Tribunal Constitucional, a solicitud del gobierno central, que impuso severas restricciones.
Los jueces prohibieron una investidura a distancia de Puigdemont, obligándolo a pedir permiso en persona ante el juez que lleva la causa contra el núcleo duro del independentismo, para poder comparecer ante la cámara.
El propio Puigdemont recurrió ese dictamen y el Constitucional se reunirá este mismo martes para pronunciarse al respecto.
Mientras, el Parlamento catalán debe cumplir con el plazo legal de iniciar el debate de investidura antes del miércoles.
El presidente independentista del Parlamento, Roger Torrent, quien viajó hasta Bruselas la semana pasada para conversar con Puigdemont dentro de los preparativos para la investidura, mantiene en pie la sesión.
Recriminaciones
La tensión en Cataluña volvía a elevarse, a tres meses de la declaración unilateral de secesión de España votada en el Parlamento catalán el 27 de octubre, el punto más álgido de la peor crisis política en España en décadas.
Horas después de la proclamación de una república catalana, el Gobierno central intervino la autonomía regional, cesó a su ejecutivo y convocó nuevas elecciones, para el 21 de diciembre, con la esperanza de calmar las aguas en esta región, cuya sociedad se muestra muy dividida sobre la independencia.
Pero en los comicios adelantados los independentistas retuvieron la mayoría absoluta del Parlamento, aunque recibieron el 47,5% de los votos, gracias a un sistema electoral que beneficia a las zonas rurales, más separatistas.
Las relaciones entre independentistas y el gobierno central de Mariano Rajoy siguen siendo broncas.
“Un señor fugado de la justicia, un señor que ha pretendido unilateralmente liquidar la soberanía nacional y la unidad nacional, pues evidentemente no puede ser presidente de nada”, afirmó Rajoy a la radio COPE.
De su lado, los separatistas aprovecharon para reiterar su denuncia de parcialidad de la justicia española, ante un artículo del diario El País que reveló llamadas de miembros del gobierno a magistrados del Constitucional antes de que la Corte emitiera su dictamen, para señalarles la “gravedad” de una eventual investidura de Puigdemont.
La corte, compuesta de miembros nombrados principalmente por la mayoría conservadora que dominó el Congreso en Madrid hasta 2015, es objeto de críticas de los separatistas sobre todo después de que anulara parcialmente en 2010 un estatuto que confería amplias competencias a la región.
Posibles escenarios
Si Puigdemont está ausente en la sesión del martes, Torrent podría abrir la sesión y luego cerrarla, constatando que no es posible una investidura a distancia.
Otra posibilidad es desobedecer el mandato del Constitucional, exponiéndose a incurrir en responsabilidades penales. O podría ganar tiempo si posterga la sesión.
Esta última opción abriría el espacio para buscar un nuevo candidato, una posibilidad esbozada por algunos independentistas, dispuestos a “sacrificar” a Puigdemont a cambio de instalar un nuevo gobierno regional que ponga fin a la intervención desde Madrid.
