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Conflictos desnudan que hay diferencias al interior del Gobierno

Antes y después del pedido de abrogación, los discursos beligerantes de Montaño coinciden con los de García. Con el diálogo, Romero se acercó al discurso de Morales. En la oposición ven más humildad en el presidente

 

La tensión era evidente en los rostros de los gobernantes durante el desfile del 22 de enero
 Ruy G. D’Alencar Delgado / EL DEBER

Gabriela Montaño grita. La Paz, Asamblea Plurinacional. 24 de enero. La presidenta de la Cámara de Diputados, furiosa, carga contra la oposición parlamentaria: la culpa de haberle mentido al país hasta ponerlo de cabeza; de haber agitado hasta que el presidente Evo Morales, el jefe nacional de su partido, se vio obligado a pedirle a ella y al presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, que abroguen ese Código del Sistema Penal en el que trabajaron por casi tres años, después de semanas de conflicto sostenido, cuando las protestas en todo el país -como cables en corto circuito- se cruzaron con las movilizaciones en defensa del voto del referéndum del 21 de febero de 2016 (21-F), al punto de acechar el discurso presidencial de 12 años de gobierno.

“…Que mientras nosotros estábamos quemándonos las pestañas, leyendo, revisando, debatiendo, ellos estaban de vacaciones, ellos estaban saliéndose a tomar cafecitos o paseando; o mucho más grave que eso: construyendo esta mentira (…), que construyeron una estrategia para golpear el Código del Sistema Penal, pretendiendo golpear al presidente Evo Morales, a todo el Gobierno y a la bancada del MAS. ¡Pero se equivocan!”, gritó Montaño, en una de sus muchas intervenciones en esas casi 11 horas que la Cámara Baja se tomó, entre insultos, para abrogar los 681 artículos que ni los dos tercios del MAS en la Asamblea han podido hacer valer frente a las calles.

Ni siquiera porque el vicepresidente Álvaro García Linera asumió su defensa con uñas y dientes, después de que, al promulgarla como presidente en ejercicio, dijo: “Se acabó el debate, ya no hay nada más que hacer; hay que aplicar el código”. Cuestión de autoridad, el presidente pasó por alto todo y dio marcha atrás con el código 38 días después de su aprobación, justo el domingo en que una encuesta de Equipos Mori madrugó al país diciendolé que en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, Morales perdió 24 puntos de aprobación respecto al mismo periodo en 2017, pues figuraba con apenas el 34%.

Cuatro días después de ese mensaje que el presidente no pudo guardarse para el Día del Estado Plurinacional, el miércoles, a las cuatro de la madrugada, Montaño sancionaba la ley corta que 16 horas más tarde aprobaría la Cámara Alta, también entre insultos.

El efecto: la desmovilización de algunos de los sectores con capacidad para jaquear al país con protestas, como la Central Obrera Bolivia (COB) y el transporte pesado y de pasajeros, exaliados que el MAS busca recuperar, para retomar sus demandas sectoriales.

Pero este recorrido sacó a la luz marcadas diferencias políticas, al menos a la hora de responder a la presión, a los conflictos, al acorralamiento que se dio cuando ni el 61% de la votación que consiguió el presidente en 2014 ni los 2/3 de su partido pudieron sostener.

Cosa de correlacción de fuerzas. Para la politóloga Helena Argirakis y para el abogado Carlos Hugo Molina, dos analistas políticos que se consultó, se trata de divergencias que salen a la luz más que como una cuestión de fondo, como los síntomas de momento político diferente para el Gobierno -un replanteamiento estratégico en un periodo donde se trata de romper la hegemonía del MAS y que viene desde el 21-F, dirá Argirakis; un momento diferente al periodo de acumulación, según Molina-.

La política frente a lo político

“No es una disputa interna; o sea, es complementariedad (de respuestas) de acuerdo con el momento político”, se apresura en aclarar la joven senadora Adriana Salvatierra.

Es miércoles por la tarde y la joven parlamentaria cruceña del MAS estudia los discursos de sus pares opositores de Unidad Demócrata, a lo que ella expone como los ‘perdedores’ de este proceso que cerrará con la abrogación del nuevo Código Penal. “Hay quienes quedaron fuera del debate, ignorados en una huelga de hambre que no tuvo repercusiones”. Ella no ve ni división ni disputa, aunque reconoce diferencias de respuestas. Salvatierra prefiere hablar de un “debate institucional”.

Pero el líder de la oposición en el Senado no lo ve así. Basta hacer un recuento para ver que, primero, hay una suerte de choque de corrientes entre una ‘línea dura’ oficialista que, durante casi dos meses de conflictos en las calles, quiso hacer valer los 2/3, los aparatos de represión, la fuerza del Estado (lo político) por encima de una estrategia racional y del juego político (la política).

“El mismo ministro de Justicia (Héctor Arce) se desentiende de la responsabilidad del código porque él afirma que esto fue elaborado por la Asamblea. ¿Quién? Bueno, el presidente nato de la Asamblea Legislativa es el vicepresidente y la que ha aparecido como su más directa colaboradora y la que ha asumido la defensa del código es la presidenta de Diputados”, identifica Ortiz.

Para él está claro que hay diferencias debido al contraste de actuaciones entre unos y otros. El senador masista Pedro Montes lo niega. Cree que todo pasó porque el presidente Morales -después de dos meses de protestas- se dio cuenta de que el pueblo quería otra cosa, que había que debatir.

En los hechos, al final de cuentas, Morales mostró posiciones más proclives a la negociación política que un vicepresidente que dijo, a finales de 2017, en medio de la pelea callejera de los médicos para derogar el artículo 205 del código, que él y el presidente no habían venido “a caminar encima de flores, hemos venido a la guerra”.

Al filo de 2017, Carlos Romero, ministro de Gobierno, conocido como un hábil negociador desde sus tiempos de asesor jurídico de organizaciones indígenas, sale al paso y confiado dice que con una hora de diálogo, se acabarán los conflictos. Se sientan, negocian y el acuerdo parecía estar cerca y Romero muestra así coherencia con los mensajes que mostrarán luego a Morales como más conciliador.

Pero las protestas seguían en pie y las ministras de Comunicación, Gisela López, con un tuit en el que atacó a los médicos; y la de Salud, Ariana Campero, con disposición de castigos para los profesionales en paro, no ayudan a los intentos de pacificación. La protesta sigue.

El 4 de enero, arropado en Palacio por la dirigencia de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Morales cede: pide a la Asamblea derogar los artículos 205 y 137, que señalaban los castigos para médicos y transportistas.

“Había observaciones honestas y había quienes instrumentalizaron el rechazo al código en realidad con fines políticos para encarar por la lucha de cara a 2019, contra la repostulación”, responde Salvatierra, cuando se le recuerda que figuras como Mario Guerrero, diputado de Evo Morales y dirigente cruceño de micros, o Róger Gonzales, asambleísta departamental del MAS, encabezaron movimientos de protesta contra el código.

No menos complicada ha sido la situación del alcalde Percy Fernández, que le había manifestado al presidente que busque la forma de habilitarse como candidato, pero que luego dijo a través de una publicación de Facebook que no apoyaba la repostulación.

Nudo y desenlace

Con la ventaja del que conoce los resultados, Molina dice ahora que el presidente se decantó por una línea política que dejó desfasados a los voceros más comedidos del partido en pro del diálogo político. Ubica ahí a Romero, que el 9 de enero consiguió titular y foto de portadas al pactar con los médicos y lograr suspender su paro. Pese a que al día siguiente, la ministra de Salud amenazó de nuevo con castigar a los profesionales de salud.

Luego, entre el 10 y el 19 de enero, Potosí, Sucre, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Trinidad realizaron paros contra el código y por el 21-F, uno más duro que el otro, siendo puntos de quiebre el cruceño y el cochabambino. Entonces vino el últimatum cívico, de la COB y del Conade. Y, mientras el ‘vice’ arengaba a luchar en las calles, Morales leyó los hechos de otro modo. Al punto de ser reconocido por la oposición: “Ahora me parece que el presidente Morales tuvo una actitud más humilde”, dice la diputada Eliane Capobianco, al día siguiente de abrogar el código.

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