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Ministerio de Gobierno rechaza imputación contra excomandante

El Diario

Rodrigo Arévalo, asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, expresó su rechazo a la imputación que el Ministerio Público presentó contra el excomandante nacional de la Policía, general Rino Salazar, dentro del caso donde se investiga las circunstancias donde fue asesinado el exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, el pasado 25 de agosto, en la localidad de Panduro.

“Desde luego que no estamos de acuerdo, lo hemos dicho cuándo se ha imputado al coronel (José Luis) Aranibar (excomandante departamental de la Policía de La Paz), y nuevamente creemos que no hay un principio de objetividad por pare del Ministerio Público”, afirmó ayer Arévalo al ser consultado.

El representante de Ministerio de Gobierno manifestó que esa cartera de Estado no ha sido notificada con la imputación formal y que solo conocen del tema por la prensa.

En este sentido, adelantó que una vez notificados someterán a un análisis la relación de hechos que los fiscales presentan en la imputación para preparar los argumentos que se harán conocer al juez en la audiencia cautelar.

La imputación en contra del excomandante nacional de la Policía, general Rino Salazar, fue presentada ante el juez séptimo de materia en lo penal cautelar de El Alto, Héctor Quilla, el 21 de septiembre, por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio en relación a la muerte de Illanes a manos de cooperativistas mineros quienes ese día lo tomaron de rehén desde horas de la mañana hasta cerca de las 18:30 cuando medios radiales confirmaron que la autoridad había sido muerta a golpes.

FAMILIA

El contenido de la imputación ya ha generado polémica pues la pasada semana, la familia expresó su rechazo al enfoque de la misma pues en su criterio la relación de hechos que los fiscales proponen pueden ser utilizados por los mineros para deslindar el hecho de ser autores materiales del asesinato.

MINEROS

Por otro lado, se reveló que en la imputación, la Fiscalía señala que los dos jefes policiales serían los responsables de la muerte de dos mineros, entre ellos Rubén Aparaya víctimas de disparos de armas de fuego, hecho que sigue siendo negado por la Policía y el Ministerio de Gobierno.

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